Colectivos de discapacidad se expresan sobre las palabras de Ricardo Bussi
El brutal análisis del candidato a diputado de Javier Milei en Tucumán continúa resonando en todo el territorio nacional. El descargo de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Las palabras de Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador Antonio Domingo Bussi y candidato de Javier Milei en Tucumán, han generado un amplio repudio al comparar a la comunidad LGBTIQ+ con personas con discapacidad. Durante un debate con candidatos, Bussi expresó: “El que decide ser travesti, que se la banque solo”, generando controversia al equiparar a las personas del colectivo con aquellos que tienen discapacidades.
En este sentido, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) emitió un enérgico repudio y expresó su preocupación ante lo que consideraron un intento de posicionamiento en contra del progreso del país para las personas con discapacidad y sus derechos.
Desde REDI, señalaron: “Nuevamente se escucha un discurso que plantea que el país no sufrió una guerra para tener los números en cuanto a población con discapacidad que tiene. Ese posicionamiento confunde a las personas con discapacidad que cobran una pensión no contributiva (PNC) que son 1.200.000 de la población total con esta condición. En nuestro país, 1.662.016 personas con discapacidad están certificadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, la organización destacó datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que revelan que el 12,9% de la población, equivalente a 5.114.190 personas, presenta alguna dificultad o limitación permanente.
En un plano internacional, REDI recurrió a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes estiman que el 15% de la población mundial tiene discapacidad. Advirtieron sobre la posibilidad de que este número aumente en países en desarrollo debido al envejecimiento poblacional, afirmando que las personas con discapacidad representan la mayor minoría mundial.
La organización expresó su preocupación ante posturas políticas que consideran los derechos de personas con discapacidad, jubilados y del colectivo LGTBIQ+ como gastos a recortar. Denunciaron que las fuerzas políticas "neoliberales" proponen que la libertad de mercado amplíe los privilegios del sector privado, relegando la responsabilidad del Estado en garantizar igualdad de oportunidades.
