Escándalo: la Corte Suprema confirma al menos cinco "nacidos vivos de abortos" en Tucumán
El máximo tribunal provincial le confirmó a la abogada Soledad Deza, experta en "litigación estratégica", que en nuestra provincia se inducen partos en casos donde corresponde interrumpir embarazos y que se “se anotan” a esos bebés “como nacidos vivos de ILE”. La abogada feminista le había informado de casos en julio pasado. "Nosotras ya hicimos saber a las Autoridades este horror. Ahora, tiene la palabra el Estado", sostuvo.
Soledad Deza, presidenta de una fundación que logra información exclusiva de la Suprema Corte de Tucumán.
La Fundación Mujeres x Mujeres ha denunciado tener acreditados por lo menos cinco "nacidos vivos de ILE" (Interrupción Legal del Embarazo)/abortos legales en Tucumán y que "sectores conservadores enquistados en el sistema de salud de Tucumán para obstaculizar el acceso a las ILE e IVE, de acuerdo con la Ley 27.610 sancionada hace tres años" al tiempo que denunció que Curas se disfrazan de mèdicos ocultando sus hábitos detrás de guardapolvos sanitarios (ver caso del cura Enzo Daniel Romero al final de ésta nota).
La propia Corte Suprema de Justicia de Tucumán le habría confirmado a la abogada Soledad Deza, presidenta de la fundaciòn MxM , "la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILE”, de alrededor de 26 semanas", según sostuvo la letrada en Página12. La Organización feminista hizo pública su denuncia el 7 de noviembre tras realizar pedidos de información pública ante la Corte Suprema, el Siprosa y otros organismos el 27 de julio, hace más de tres meses, arrojando así una fuerte denuncia contra el sistema provincial de Salud (SIPROSA), reproducida velozmente por el diario La Gaceta.
Conducida por Deza, Mujeres x Mujeres denunció la existencia de un "nuevo circuito de obstaculización y negativa de abortos legales" que "abre un nuevo capítulo de terror en la objeción de conciencia de Tucumán", por lo que ha requerido "información clave para desmadejar este entramado de poder, maleficencia ética y violencia de género" a los siguientes organismos: Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Expte. 10589/23) , al Sistema Provincial de Salud (Expte. 9557/23), al Ministerio de Desarrollo de Tucumán (Expte. 12035-M-23), al Registro de Adoptantes del Poder Judicial (sin número de expediente a la fecha) y al Ministerio de la Defensa (Expte. 2746/23).
Soledad Deza, tambièn abogada de Rodolfo Tercero Burgos –presidente de Canal 10 denunciado por el presunto abuso sexual de su hija menor de edad y acusada de intentar secuestrar a la menor en cuestión-, ratificó al diario porteño Página12 que la Corte Suprema de Justicia de Tucumàn le ha confirmado la existencia de por lo menos cinco "nacidos vivos de ILE" en Tucumán: "Frente al pedido de una ILE registrado en la historia clínica, nos encontramos que se desarrolla artificialmente la vida intrauterina y luego en el hospital se provoca el nacimiento, vulnerando la voluntad de niñas y adolescentes. Desconocemos si ellas saben que tuvieron un nacimiento con vida, pero la Suprema Corte de Tucumán nos confirmó la existencia de al menos cinco “nacidos vivos por ILE”, --así los están anotando--, de alrededor de 26 semanas, al borde de la viabilidad fetal, que requieren de largos meses de cuidados en el servicios de Neonatología, con cuadros de parálisis cerebral infantil y otras patologías graves, que luego fueron ingresados en el Sistema de Adopción legal de la provincia", indicó.
Llama la atención que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (cuyos miembros son: Presidente: Dr. Leiva, Daniel; Vocal Decano: Dr. Estofán, Antonio Daniel; Vocales: Dra. Sbdar, Claudia Beatriz, Dr. Posse, Daniel Oscar, Dra. Rodríguez Campos, Eleonora; Ministro Fiscal: Dr. Jiménez, Edmundo; Ministro Pupilar y de la Defensa: Dr. Navarro, Washington Héctor) haya confirmado con total liviandad el planteo de Deza y/o MxM. Se trata de la misma Corte que ha rechazo brindar información a este medio sobre sus mecanismos para informar a la comunidad ya que la dirección creada ad hoc sólo envía partes de prensa exclusivos al diario La Gaceta (con actividades preferentemente de Claudia Sbdar al periodista Juan Manuel Montero).
En la publicación ante la prensa porteña, Deza expuso un caso relevado en el hospital del Este Eva Perón, situado en Banda del Río Salí: "El nacimiento se produjo el 11 de abril de 2022, cuando tenía 26 semanas de gestación y 850 gramos de peso. La criatura permaneció 8 meses en Neonatología, y entre otras patologías registra “parálisis infantil de tipo espástica”, síndrome convulsivo, e hidrocefalia. El primer mes de internación tuvo además meningitis. A los 10 meses de vida se alimentaba con sonda nasogástrica, y estaba sometido a un “entrenamiento de coordinación de succión y deglución”", se narró.
Luego, precisó: “El Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IVº Nominación de Tucumán declaró que estaba en “situación de adoptabilidad” el 7 de febrero de 2023. Intervino en el trámite la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y de las defensorías de NIñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IIº y IIIº Nominación de Tucumán, como así también el agente fiscal de la Iº Nominación. En el expediente 13279/22 figura como “nacida” (...) “tras realizar una práctica de Interrupción Legal de Embarazo (ILE)”. Según se informó a la Fundación MxM “ninguno de los organismos de defensa de los derechos de la niñez denunció las violencias que han sufrido esas niñas”, indicó Deza, meses después de tomar conocimiento de esta situación.
Desde MxM se recalcó que se presentó ante el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) de Tucumán un pedido de Información Pública donde pregunta, entre otras cuestiones, cuál fue el personal que tuvo a su cargo el proceso de la inducción al parto, las razones por las que se le denegó la ILE y si se realizó una denuncia penal o el inicio de actuaciones disciplinarias para determinar las responsabilidades de los profesionales intervinientes. “Denegar un aborto legal es un delito, además de que se está incurriendo en violencia contra la libertad reproductiva”, subrayó Deza, que reprochó todavía no haber recibido una respuesta del SIPROSA.
Desde MxM también se denunció -vía Página12- que "para obstaculizar las prácticas de ILE/IVE" se designa profesionales “objetores de conciencia” al frente de Maternidades. Puso como ejemplo a "Gerardo Murga, flamante director del Hospital del Este –el mismo del caso relatado más arriba del nacimiento del nacido vivo de ILE–, quien se desempeñó anteriormente como jefe de la sala de partos de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más grande de la provincia, donde se había declarado objetor de conciencia".
Además, señalaron "que el cura Enzo Daniel Romero, capellán en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, usa por encima de su tradicional atuendo religioso un delantal blanco como el que habitualmente llevan médicos y médicas. ¿Quiere hacerse pasar por médico?".
La explicación de MxM respecto a qué significa "nacidos vivos de ILE":
La existencia de una ILE -interrupción legal del embarazo bajo un sistema de causales prevista por el art. 86 del Código Penal desde 1921- exige la supresión de la vida intrauterina como condición para la legalidad de la prestación sanitaria que afianza el derecho a decidir. Esta inducción de la muerte fetal previa a la evacuación uterina que resulta indispensable para que ocurra legalmente un aborto, requiere una prestación sanitaria lícita llamada por la OMS: «asistolia«. («Clinical practice handbook for quality abortion care» en su versión actualizada y disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789240075207).
Si luego de solicitada una ILE ocurre un nacimiento con vida esa práctica sanitaria maleficente desde la bioética no es un aborto, sino un parto iatrogénico para la vida en gestación y violatorio de la autonomía de la paciente. A ese gravísimo cuadro de situación podrían sumarse todavía otras conductas delictivas como la adulteración de certificaciones médicas, la supresión de estado, la alteración de la filiación o la adoptabilidad prenatal, según el modus operandi que se siga al acto médico de negar la prestación médica de ILE.
Entre otras cosas, nos interesa saber «¿Cuántas de estas actuaciones judiciales motivaron la investigación de las posibles responsabilidades penales que le cabe al personal de salud que atendió esos eventos obstétricos ?«. Sobre todo porque el art. 15 de la Ley 27.610 establece que “Será reprimido o reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”; y todo caso de «nacido vivo de ILE» evidencia una conducta penalmente reprochable de obstaculización de un aborto permitido por la ley y varios tipos y modalidades de violencia de género.
Para que esta trama siniestra pueda echarse a andar se necesitan varios actores estratégicos: un equipo de salud interdisciplinario dispuesto brindar información falsa y a instrumentalizar a su paciente; un abogado o abogada de la Institución con la suficiente crueldad como para participar en consultas sanitarias y encubrir este delito; un Director o Directora de la Institución Hospitalaria capaz de mirar para otro lado mientras el personal a su cargo comete un delito; un Ministro de Salud dispuesto a pervertir de manera macabra una política sanitaria de género vigente; una Dirección de Niñez y Familia (DINAIF) comprometida con la revicitimización cuando las pacientes son niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y una Defensoría Oficial que avale esta tortura; un Juez o una Jueza que convalide todas y cada una de las violaciones de derechos y las violencias de género; y finalmente, una Iglesia a dónde ir a golpearse el pecho y limpiar la (in)conciencia después de provocar tanto daño.
El presunto cura médico denunciado por Mujeres por Mujeres. (Foto: P12)
Relaciones públicas: Deza, Abogada de Rodolfo Tercero Burgos por encargo de Josè Hugo Saab.
