"Nuestros derechos no se negocian": los feminismos se suman al paro y movilización contra las medidas de Milei en Tucumán

Este miércoles 24 de enero la CGT convocó a un paro nacional en contra de las medidas de Javier Milei: especialmente la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia.

La convocatoria tuvo diferentes adhesiones a lo largo y ancho del país. En Tucumán, diferentes sectores ya se han pronunciado a favor de la medida y tendrán sus columnas propias en la plaza Independencia.

Los feminismos no han sido ajenos y desde Ni Una Menos Tucumán han llamado a movilizarse bajo la consigna “Abajo el DNU y la Ley Ómnibus. Nuestros derechos no se negocian”. La convocatoria de la agrupación es a las diez de la mañana en el teatro San Martín para marchar hacia plaza Independencia.

Desde su campaña presidencia, Javier Milei ha atacado al movimiento feminista, a las mujeres y disidencias. Una vez ganada las elecciones y asumida la presidencia ha seguido con sus declaraciones en contra de los derechos conquistados por el movimiento a lo largo de años y, como medida concreta, ha eliminado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades.

Recientemente, en el Foro Económico Mundial en Davos afirmó que uno de sus enemigos es el feminismo, en alienación con las ultraderechas del mundo y se pronunció en contra de la agenda de derechos humanos.

En cuanto a la Ley Ómnibus, la misma representa retrocesos en políticas de género en cuanto modifica la Ley Micaela (Ley 27.499) promulgada en 2009. La misma estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La propuesta para su modificación acotaría su rango de acción, ya que dice que “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.” Es decir, se destruye la función clave, al fin y al cabo, la gracia, de una ley que tenía como objetivo concientizar sobre violencia machista a funcionarios de los tres poderes alejados del tema.

Otra de las propuestas de la ley ómnibus que representa retrocesos en materia de políticas de género tiene que ver con la modificación de la Ley Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia.

“La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”, dice el texto que incorpora la figura del “hijo por nacer” como sujeto de derechos. Y que cambia la denominación “persona gestante”, que se usa para incorporar a los varones trans, para hablar sólo de “mujer embarazada”.

Y además, todo el texto de la Ley ómnibus -incluida la modificación de la ley Micaela- establece una diferencia conceptual que no es menor: prioriza la expresión “violencia familiar y contra la mujer” por sobre el concepto de “violencia de género”. Es una diferencia política, de abordaje, que no sólo desdibuja la diversidad, sino que también retrocede décadas en la concepción de la violencia machista. Hablar de “violencia de género” implica que ésta puede ocurrir en distintos ámbitos (en el trabajo, en la vía pública, en los medios), no sólo en el universo doméstico. Y es también un modo de encubrir que es posible sobre la base de desigualdades estructurales.

Por otro lado, desde la agrupación Concepción Feminista aseguraron en la convocatoria realizada por Instagram que entre las medidas más cuestionadas se encuentran la posible derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el sistema de salud pública, la eliminación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que previno y visibilizó los casos de violencia y abuso sexual intrafamiliar y el hostigamiento que esta situación suscitó hacia el colectivo LGBTIQ. Y denunciaron que “estas medidas son un retroceso histórico en los derechos humanos y una forma de imponer una agenda conservadora y antidemocrática, que ignora las demandas y las luchas de los movimientos sociales y feministas”.