Cumbre de gobernadores: el enviado de Jaldo, el pedido de las Provincias y la respuesta de Milei
Mandatarios peronistas, del PRO y la UCR se reunieron con el ministro Guillermo Francos para avanzar con las negociaciones de cara al tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados.
Cumbre de gobernadores. A la izqueirda, Sergio Mansilla, el enviado de Jaldo. (Foto tomada de Infobae)
Gobernadores del peronismo no kirchnerista, de la Unión Cívica y el PRO se reunieron este lunes para avanzar en el tratamiento del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos (Ley Ómnibus). El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, estuvo representado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, en el cónclave donde le pidieron al gobierno de Javier Milei que coparticipe el Impuesto PAÍS, pero desde Casa Rosada les respondieron que "más adelante".
"La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante", respondió Milei vía Twitter a través de la cuenta de la Oficina del Presidente pasadas las 22:00, luego del encuentro realizado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde la Casa Rosada envió como emisario al ministro del Interior, Guillermo Francos.
La Oficina del Presidente reitera que el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 30, 2024
El Gobierno llamó a sesión en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles para tratar la Ley Ómnibus, pero necesita el apoyo de los denominados sectores dialoguistas que responden en gran medida a los gobernadores para poder construir una mayoría. Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el pasado viernes que se retiraba el capítulo fiscal del proyecto de Ley de Bases, los gobernadores -con muchas de sus demandas satisfechas sin ese apartado- plantearon que se coparticipe el Impuesto PAÍS alegando que fueron damnificados por la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.
Tras "ganar" la batalla por las retenciones y la fórmula de movilidad jubilatoria, que fueron retiradas del proyecto con todo el paquete fiscal, los gobernadores pusieron el foco en las emergencias y las facultades delegadas al Presidente, además del procedimiento para autorizar privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la renovación del impuesto PAIS, que es coparticipable.
El Impuesto PAÍS se aplica sobre los montos de las compras de divisas para atesoramiento, como también para compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior o para bienes que se adquieren en divisa extranjera.
A la salida del CFI, el ministro Francos se mostró confiado por las negociaciones a favor del gobierno: "Fue bien. Se va a avanzar. Se está trabajando", aseguró, según reportó Cadena 3. Sin embargo, el anuncio de Milei a través de Twitter podría hacer estallar todas las negociaciones: la reunión de Labor Parlamentaria en Diputados está prevista para el martes a las 19:00, y la sesión especial fue convocada para las 10:00 del miércoles.
Estuvieron presentes los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Ignacio Torres, gobernador de Chubut; Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Martín Llaryora (Córdoba); el catamarqueño Raúl Jalil envió al vicegobernador Rubén Dusso y Jaldo hizo lo propio con Sergio Mansilla, segunda autoridad de la Legislatura, tercero en la línea sucesoria.
También se hicieron presentes legisladores de los sectores "dialoguistas" con el gobierno: Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy, y Carlos Gutiérrez por Hacemos Coalición Federal; Diego Santilli y Damián Arabia por el PRO; Rodrigo De Loredo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Soledad Carrizo por la UCR; y Pamela Calletti, Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Osvaldo Llancafilo de Innovación.
Los puntos que se discuten
Tras la reunión, la periodista Laura Serra del diario La Nación repasó los ejes discutidos por los gobernadores y el gobierno libertario, todavía sin acuerdo, que reproducimos a continuación:
La oposición dialoguista logró excluir a YPF de las empresas a ser privatizadas, no está de acuerdo con cederle al Gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso.
La cuestión de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo todavía sigue generando desacuerdos con un sector de la oposición pese a que el Poder Ejecutivo accedió a reducir de 11 a 7 la cantidad de delegaciones. Desde las bancadas Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, por caso, insisten en eliminar del proyecto las delegaciones en materia de seguridad, tarifas y energía.
Otro punto sobre el que los gobernadores volverán a la carga tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En su dictamen el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas que solo se transferirán al Tesoro los títulos de deuda en manos del FGS, no así los activos.
Algunos gobernadores -entre ellos Llaryora y Frigerio- insisten en que el traspaso se efectúe previa compensación de las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos de dicho fondo permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias a la Anses.
Respecto al régimen federal de pesca, el Gobierno accedió a eliminar del texto original aquellos artículos que sacaban la obligatoriedad de descargar en puerto argentino y poder hacerlo en puertos extranjeros, o la eliminación de la tripulación nacional, pero se mantienen las diferencias respecto del régimen de cuotas de captura que, según el proyecto, “serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.
Biocombustibles: gobernadores y legisladores de las provincias productoras advirtieron que el dictamen no refleja los cambios que había concedido el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en esta materia. Así, según el proyecto oficial, para el caso del gasoil el corte con biodiesel se mantiene en 10% y se llevaría al 12,5% en 2026. En lo que respecta a las naftas, propone dejar el nivel de mezcla con bioetanol en 12%. Durante los primeros 2 años la autoridad de aplicación podrá disponer un incremento del porcentaje de mezcla hasta el 15%.
Deuda: el dictamen propone derogar el artículo 1° de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública sancionada durante el gobierno de Fernández. Allí se establecía que el Presupuesto debía fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Disponía, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.
Seguridad: Entre los puntos más resistidos, figura aquel que propone ampliar los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. La iniciativa indica que, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Ambiente: el dictamen modifica tres leyes regulatorias en materia de medio ambiente: la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema. Según las organizaciones defensoras del medio ambiente, estas modificaciones a las normativas vigentes implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
