La Municipalidad de la Capital busca cobrar 450.000 multas de la gestión de Germán Alfaro
La intendenta Rossana Chahla planteó ante la Legislatura la necesidad de cambiar normativas para que el municipio pueda cobrar a los infractores sanciones que promedian los $500.000. La principal traba y la inacción de la gestión anterior.
Imagen de archivo. Foto Municipalidad de San Miguel de Tucumán.-
A pesar de haber asumido hace seis meses, la actual gestión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por la intendenta Rossana Chahla, sigue en el trabajo de resolver los problemas que la anterior gestión de Germán Alfaro dejó tras ocho años de gobierno.
En los últimos días, se conoció que el municipio tiene sin cobrar unas 450.000 multas del período 2018-2023, demorada por el alto costo de los bonos de la justicia dejando sin sanciones a los miles de infractores que cometieron faltas a las normas municipales, en especial de tránsito.
Según se informó, el valor de la mayoría de las sanciones oscilan entre $45.000 y $1 millón, es decir, un promedio de $500.000, cuyo principal inconveniente para que sean cobradas es que existen normas municipales y provinciales que establecen “que no se puede iniciar (judicialmente) el cobro de una multa cuyo valor es menor a cinco juegos de bonos profesionales”, es decir, unos $250.000. “O sea, se tiene que justificar el monto de la demanda; el bono de un abogado para iniciar un expediente hoy sale $50.000”, aclaró Eliana Orellana, directora administrativa del organismo.
Tal planteo fue llevado por la intendenta Rossana Chahla a la Legislatura de Tucumán, donde fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo y por legisladores, a los que le solicitó cambios para que el municipio pueda llevar adelante las sanciones realizadas durante la gestión alfarista.
“Solicité la elaboración de un proyecto de ley que le permita al municipio cobrar las multas pendientes que hoy no se pueden ejecutar como consecuencia a los altos costos que tienen los bonos de justicia. Actualmente, tenemos 485 mil faltas en nuestro tribunal que se deben cobrar, ya que buscamos generar responsabilidad y consciencia respecto a las normas de tránsito, además, de priorizar la seguridad ciudadana”, contó la intendenta tras el encuentro.
Y agregó: “También, buscamos que los ingresos de las cobranzas sean retroalimentados dentro de la Municipalidad para continuar trabajando para los vecinos”.
Esta mañana tuve una reunión con el vicegobernador, Miguel Acevedo y la Comisión de Asuntos Comunales y Municipales.
— Rossana Chahla (@RossanaChahla) May 3, 2024
Durante el encuentro solicité la elaboración de un proyecto de ley que le permita al municipio cobrar las multas pendientes que hoy no se pueden ejecutar como… pic.twitter.com/0LP6ThsFkV
Orellana señaló que en dicho período “no se iniciaron juicios de cobros por infracciones en 450.000 causas radicadas en el Tribunal. Esto habla de una deliberada decisión de no hacer respetar las normas de convivencia y seguridad municipal”.
“Lo que se está tratando es que se cobren todas las multas, independientemente del monto mínimo o máximo que establece esa normativa”, explicó a La Gaceta. Esto se podría hacer a partir de una modificación de la ley provincial que facilite el proceso de cobro de una multa o con un nuevo proyecto normativo. En su mayoría, las sanciones corresponden a delitos viales y sus valores oscilan entre $45.000 y $1 millón, según el tipo de infracción y la aplicación de agravantes. “Las multas de tránsito más frecuentes de ese período son: estacionamiento en zona prohibida, estacionar afectando la seguridad de tránsito, conducir utilizando dispositivos que distraen la atención, conducir sin casco, estacionar en senda peatonal, no respetar semáforos y no contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día”, enumeró Orellana. También hay multas de otra naturaleza, como de Catastro, de Defensa Civil, de Bromatología, de Higiene Urbana, entre otras.
“La multa es un elemento necesario por su sentido de desalentar actos y actividades perjudiciales para el colectivo; si no se cumple la multa, no hay castigo para el infractor. Esto no es un buen ejemplo, como tampoco es positiva la inacción del municipio en lo atinente a la percepción de sus legítimos ingresos”, dijo la letrada. Y es que el propósito planteado por los funcionarios locales es que esos ingresos “sean retroalimentados dentro del municipio”. “Es voluntad de la intendenta mejorar la ciudad y cuidar a quienes la viven a diario, pero para esto es preciso educar en el sentido de respeto a las normas que regulan la convivencia. El municipio y el Tribunal de Faltas trabajará para facilitar el pago a todos los deudores por multas, sean personas físicas o jurídicas, con todas las garantías y transparencia de rigor. Nos extraña la falta de actividad procesal del municipio, por eso es que actuamos”, finalizó Orellana.
