"En defensa de la salud pública": organizaciones y usuarios de cannabis marchan el jueves en Tucumán
Bajo la consigna de “Marchamos por el derecho a la salud” usuarios y referentes de la industria del cannabis en la provincia se movilizarán este jueves para reclamar por el acceso a la planta medicinal.
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Con el derecho a la salud como consigna y la defensa de los derechos de los usuarios de la planta milenaria como bandera, organizaciones y usuarios de cannabis de la provincia convocaron a una movilización este jueves 27 de febrero a las 18:00 en la Plaza Hipólito Yrigoyen (General Paz 400) de la capital provincial. Piden por una regulación que les permita el acceso y el cultivo de cannabis.
“Es una convocatoria a nivel nacional y es en defensa de la salud pública”, comentó Luciano Lizárraga, presidente de la Cámara Tucumana de Cáñamo y Cannabis. Denuncian que actualmente existen restricciones para el acceso a los tratamientos y al cultivo de cannabis: “La dificultad es ser usuario medicinal de cannabis debido a la demora injustificada por parte del Ministerio de Salud en dar trámite a las solicitudes presentadas por los usuarios, tanto para primera autorización como para renovarla”.
“Otra gran dificultad es la desinformación. Desinformación que trae como consecuencia una legislación insuficiente en la materia, que genera incertidumbre en cultivadores, malos procedimientos ante autoridades de contralor, limitaciones en la defensa de los derechos de los usuarios, entre otras cosas”, comentó Lizárraga quien explicó que algunas provincias como Salta, Chubut y Misiones están creando sus propios Reprocann (Registro del Programa Nacional de Cannabis Medicinal); el registro posibilita a los usuarios medicinales el acceso a la planta.
También se refirió a las dificultades que se presentan actualmente en cuanto al desarrollo industrial del cannabis en el país: “Lo que sucede es que actualmente no contamos con políticas referidas a la industria del cannabis. Más bien es algo que debería ponerse sobre la mesa y ser tratado con urgencia. No solo en pos de garantizar a la población el derecho a la salud, sino también en miras al crecimiento económico”.
En una nota brindada a eltucumano.com en diciembre del año pasado, distintos referentes de la industria cannábica en la provincia habían denunciado la crisis que atraviesa el sector. “La realidad es que todos los emprendimientos están actualmente en terapia intensiva. Había 56 proyectos que contaban con aprobación del Ministerio de Salud, del INASE (Instituto Nacional de Semillas) y del Conicet y hoy tres cuartos de las empresas están paralizadas. De estas 56 empresas, la mayoría estaban habilitadas para el cannabis de uso farmacéutico, no para el cáñamo, y ahora se quedarían afuera de las habilitaciones. Deben quedar sólo diez que todavía están activas”, había comentado Felipe Herrera Locascio, presidente de la Fundación Yungannabis; la primera fundación en todo el país en ser habilitada para la investigación y desarrollo de productos cannábicos.
Entre las disposiciones del gobierno que ponen en jaque al desarrollo industrial del cannabis se puede mencionar que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) suspendió la inscripción de variedades de genéticas con contenido alto de THC, poniendo en riesgo el trabajo de los fitomejoradores locales. Además, se intervino por decreto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y Cáñamo (Ariccame), creada por la Ley 27.669. El interventor del organismo, Ignacio Ferrari, dispuso la prioridad del cáñamo industrial por sobre el cannabis medicinal, poniendo en riesgo inversiones millonarias tanto en Tucumán como en el resto del país.
Semanas atrás la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en una entrevista que darían de baja todas las licencias del Reprocann, dependiente del Ministerio de Salud, y empezarían de cero porque, según sus palabras: “hecha la ley, hecha la trampa”.
En 2017 Argentina aprobó una ley que estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis, pero no se promulgó hasta 2020, dónde se autorizó a productores y comercializadores privados a poner en marcha estrategias que garanticen la seguridad, calidad, fiscalización y trazabilidad de la cadena productiva del cannabis.
En marzo de 2021, durante la administración de Alberto Fernández, fue creado el Reprocann que posibilita el autocultivo de la planta con fines medicinales y que tiene alrededor de 300.000 usuarios registrados en todo el país.
Además de la Cámara Tucumana de Cáñamo y Cannabis participan de la convocatoria de mañana distintas ONGs y representantes del sector privado que reclaman por una legislación que los ampare.









