"La justicia sabe que hay denuncias falsas y no actúa"

El pasado 9 de septiembre se realizaron movilizaciones en el Congreso de la Nación y en distintas provincias en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias. La presidenta de la fundación que trabaja en esta problemática, Bárbara Vaquero Morelli, dialogó con La Tucumana de Mañana (La Tucumana FM 95.9) sobre el alcance de la protesta y la importancia de visibilizar casos que, según afirma, tienen consecuencias devastadoras para las familias. “Este año hubo mucha más gente que en otras ediciones, incluso en Tucumán se vio una gran participación”, señaló.

Durante la entrevista, Vaquero Morelli recordó el caso de Julián Jiménez, el niño de cinco años asesinado por su madre en un contexto de denuncias falsas contra el padre, y explicó que su fundación impulsa un pedido de juicio político contra la jueza Andrea Fabiana Segura, quien intervino en la causa. También mencionó antecedentes en la provincia como el de Pastor Isafer Ferro, que derivaron en movilizaciones y en un creciente debate sobre el uso indebido de denuncias en el fuero de familia.

La dirigente advirtió que no existen estadísticas oficiales sobre el número de denuncias falsas en Argentina y que su organización trabaja caso por caso, con un equipo interdisciplinario que verifica la veracidad de cada expediente antes de acompañar a las familias. Según Vaquero Morelli, en muchos procesos judiciales “la justicia sabe que las denuncias son falsas y no actúa”, lo que genera un impacto emocional grave en los niños y en los adultos acusados.

Por último, la entrevistada consideró que es necesario avanzar en sanciones para desalentar esta práctica. “Si una persona hace una falsa denuncia y se comprueba, tiene que haber consecuencias. De lo contrario, seguimos sometiendo a niños a procesos traumáticos y a padres inocentes a prisiones preventivas injustas”, remarcó. También advirtió que muchas de estas situaciones surgen en separaciones conflictivas y se utilizan como herramienta de presión en reclamos de cuota alimentaria, lo que, a su juicio, exige mayor control por parte de la justicia para no desviar recursos que deberían destinarse a verdaderas víctimas de violencia.

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