Milei vuelve a desafiar al Congreso: no aplicaría las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica
Tras el rechazo por paliza de los vetos a ambas leyes en el Senado, la Casa Rosada habría decidido promulgarlas, pero no asignar los recursos presupuestarios para implementarlas.
(Foto: Facebook La Libertad Avanza)
El Gobierno de Javier Milei definió que no aplicará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica tras el rechazo de los vetos en el Congreso, según informó TN este domingo. Desde Casa Rosada indicaron que promulgarán las iniciativas y que no les asignarán recursos presupuestarios para su implementación, como ya hicieron con la Emergencia en Discapacidad.
“Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, le dijeron desde el Gobierno a TN.
La Ley de Emergencia Pediátrica un costo de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
“Si actuamos de una forma distinta, se genera un problema legal que también nos juega en contra en la posición que tomamos por Discapacidad”, agregan en el oficialismo, dice TN.
La encargada de delinear la estrategia jurídica es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y su equipo de abogados.
Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos para las Universidades tiene un impacto presupuestario para este año de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El documento contempla una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para los salarios junto con una actualización de becas.
El Gobierno planearía dilatar la firma de la promulgación de las leyes hasta el límite jurídico de diez días hábiles luego de que el Congreso le notifique la sanción.
En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer una inversión de $30.000 millones de pesos para un plan de obras en el Garrahan.
Se trata de una estrategia similar a la que aplicó el Ejecutivo cuando se trató la Ley de Emergencia en Discapacidad y anunció que evaluaba un incremento de las prestaciones.
Milei analizaría así contrarrestar el costo político de no aplicar las leyes con gastos en menor proporción dentro de las áreas, pero no hay definiciones para la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde Casa Rosada aseguran que apelarán al “impacto fiscal” en la suspensión de las leyes y recurrirán al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
