Tras ser procesada por ser parte de una presunta organización criminal, la legisladora Sandra Figueroa pidió licencia
La parlamentaria, esposa de Luis Pato Campos, exintendente de Juan Bautista Alberdi, presentó una nota para pedir licencia a su banca y dedicarse a su defensa.
Foto Facebook/Sandra Figueroa.-
Este lunes a primera hora de la mañana, la legisladora Sandra Figueroa pidió licencia a su banca en la Legislatura de Tucumán, tras ser procesada en el marco de la causa que investiga la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde la estructura misma de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi.
"En virtud de los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente", explicó en la nota presentada este lunes la esposa del destituido Luis Pato Campos.
La semana pasada se conoció que la Justicia Federal de Tucumán procesó a seis personas, entre las que figura el ahora exjefe municipal y su esposa.
“Nos encontramos frente a hechos de especial trascendencia institucional, que exceden el mero ámbito municipal y afectan la administración pública en su conjunto”, sostuvo el magistrado en su fallo. “La magnitud de los hechos ventilados y la posición jerárquica de los imputados imponen al Estado una respuesta judicial inmediata, proporcional y ejemplificadora”, agregó el documento que lleva la firma del juez José Manuel Díaz Vélez, que días atrás fue noticia luego de que se conociera, que con su par de la Justicia Federal, Fernando Poviña, nombraron recíprocamente a sus hijos en planta permanente para eludir prohibición legal.
. En ese sentido, se ordenó que se trabe embargo sobre bienes suficientes de propiedad de José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo, Sandra Beatriz Figueroa y Luis Armando Campos, en la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($250.000.000) por cada uno. "En lo que respecta a Roque Cayetano Giménez y José del Carmen Roldán, en la suma de pesos doscientos millones ($200.000.000) por cada uno, a fin de garantizar responsabilidades civiles y costas procesales derivadas de la presente causa”, detallaron.
La investigación comenzó cuando personal de la División Informática Forense de la Policía de Tucumán detectó la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres. Según las pericias, las voces correspondían a Luis Armando Campos -entonces intendente municipal- y Roque Cayetano Giménez -empresario local-. En esa conversación se hacía referencia a supuestos hechos delictivos graves: narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales.
“La conversación reveló la existencia de vínculos directos entre funcionarios y actores privados en torno a prácticas delictivas de extrema gravedad”, escribió el magistrado en la resolución publicada por La Gaceta. “La investigación permitió corroborar un funcionamiento paralelo al institucional, donde las decisiones públicas se entrelazaban con intereses particulares y delictivos”, agregó.
El audio se viralizó rápidamente en grupos de mensajería y portales, generando una crisis institucional que derivó en la intervención del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Alberdi por decreto del Poder Ejecutivo provincial a cargo de Osvaldo Jaldo.
La resolución alcanza a seis personas: Luis Campos (ex intendente), Roque Cayetano Giménez (empresario), Sandra Beatriz Figueroa (ex jefa municipal), José del Carmen Roldán (ex secretario de Hacienda), José Albano Loru (ex concejal) y Pablo Exequiel Barrionuevo: procesado por asociación ilícita.
De este grupo, Giménez permanece detenido con prisión preventiva, mientras que Loru, Barrionuevo y Roldán enfrentan medidas de coerción personal.
“Existen elementos suficientes para sostener que Giménez y Campos integraron un esquema criminal que utilizó la estructura institucional para fines ilícitos”, remarcó el juez.
