Jaldo removió al cisnerismo de la cúpula de la Caja Popular y hoy asumen las nuevas autoridades

El gobernador Osvaldo Jaldo tomó la decisión de echar a la cúpula de la Caja Popular de Ahorros y remover a los ultracisneristas José Díaz y Darío Amatti, que serán reemplazados por ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi Guillermo Norry y ex presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante.

Este viernes a las 10 en Casa de Gobierno, el mandatario encabezará la asunción de las nuevas autoridades, poniendo fin al ciclo de Carlos Cisneros al mando de la CPA que comenzó en 2018 cuando Eduardo Jairala renunció a un año de asumir y fue reemplazado por José César Díaz, entonces subinterventor cercano a sectores del sindicalismo bancario liderado por el actual diputado, que se encuentra próximo a ser investigado por la Jusitica Federal, acusado de asociación ilícita y posible explotación sexual vinculada a la causa Vélez. 

El miércoles, durante una extensa conferencia de prensa, Jaldo apuntó contra "personajes" de la política tucumana por una serie de operaciones en la prensa porteña donde se publicaron fotos de un viaje personal junto a su familia.

"Lo que hoy está sucediendo muestra, una vez más, el funcionamiento pleno de las instituciones en la provincia de Tucumán, la vigencia de la Constitución y las leyes vigentes, donde estipula un orden sucesorio en caso de la ausencia del gobernador, del vicegobernador y de las demás autoridades correspondientes. En este caso puntual, quien habla se ha tomado su licencia por razones particulares, por 10 días hábiles, sin goce de haberes; mi licencia no le ha costado un solo centavo al Gobierno de la Provincia. Y al ser licencia por razones particulares, somos mi familia y yo las que decidimos qué vamos a hacer en ese tiempo. Nadie más puede opinar”, sentenció Jaldo.

Y avisó: "Quiero dejar totalmente aclarado, por algunas cuestiones que están trascendiendo, y en esto debo reconocer y agradecer a la prensa local que no se hicieron eco de esas situaciones, no así algunos medios nacionales que son motivados, incentivados, por personajes de esta querida provincia que en muy poco tiempo se va a conocer". 

Y sentenció: "Se les fue la mano esta vez".

La Caja Popular de Ahorros fue noticia el pasado 15 de noviembre, cuando una ciudadana presentó ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana una acusación formal contra ocho personas por peculado y asociación ilícita en el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social.

 Entre los denunciados aparecen Hugo Guillermo Ledesma, actual legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado de Carlos Cisneros; José César Díaz, el interventor formal de la CPA que opera bajo la sombra de quien todos en Tucumán identifican como el verdadero poder en esa institución; y Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Juan Manzur que autorizó doce entregas irregulares sin convenio ni beneficiarios identificados.

La presentación judicial se sustenta íntegramente en los Acuerdos 5.140 y 5.184 del Tribunal de Cuentas. El primero abrió juicio administrativo y estableció el perjuicio patrimonial. El segundo detalló cada operación irregular con precisión contable.

El mecanismo era directo: la ex ministra Málaga emitía Órdenes de Autorización de Entrega de Mercadería consignando como "beneficiario" a la Caja Popular de Ahorros. Problema: la CPA no tiene competencia legal para recibir ni distribuir ayuda social. Su función institucional es administrar el juego, otorgar préstamos y operar como banco provincial. La asistencia social no figura en su carta orgánica.

Pero Málaga igual autorizaba. Díaz, Ledesma, Garay y Corres igual solicitaban. Carranza, Naser y Budeguer igual retiraban. Y la mercadería —arroz, fideos, harina, leche en polvo, chapas sinusoidales, camas cuchetas, mesas, sillas— desaparecía sin dejar rastro de beneficiarios finales.

El Tribunal de Cuentas constató que no existía convenio entre Desarrollo Social y la Caja Popular que habilitara esta operatoria. Las entregas violaban el Decreto 2348/4-MDS-2010 al carecer de notas de pedido, identificación de beneficiarios en situación de vulnerabilidad y verificación de condiciones socioeconómicas.

El Acuerdo 5.184 mapea con nombres y apellidos el circuito completo. Orden 420477 del 6/10/2023: doscientas unidades de alimentos. Solicitante: Ledesma. Quien retiró: Carranza. Orden 411363 del 22/05/2023: trescientas unidades. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Carranza. Orden 408381 del 19/04/2023: cincuenta chapas. Solicitante: Díaz. Quien retiró: Corres.

Doce veces el mismo patrón. Funcionarios de la Caja Popular solicitan mercadería social para "la Caja Popular" como beneficiaria. Personas vinculadas a la CPA retiran los bienes del depósito ministerial. Nadie informa destino final.

Total: miles de unidades de mercadería por $26.791.604,22 sin destino acreditado.

Turbio monopolio del juego

El pasado 7 de diciembre, eltucumano.com publicó  una investigación sobre las cuentas del organismo provincial —balances internos, auditorías externas, cartas de recomendaciones, advertencias sobre lavado de activos— que evidenciaron la magnitud de un negocio que el Estado tucumano delegó en 1995 a Cisneros y que hoy, tres décadas después, suma USD 9.500 millones movilizados sin control público efectivo.

Los balances y documentos contables de la Caja Popular —como estados contables comparativos de la Caja Popular entre 1999 y 2002 (cuando un peso equivalía a un dólar)— a los que eltucumano tuvo acceso revelan cifras que dimensionan el negocio del juego y las apuestas que controla Cisneros desde la Caja Popular de Ahorros, ente estatal a cargo del rubro en Tucumán.

En efecto, y para ejemplificar, el balance interno de la CPA del año 2000 arrojó que la Caja Popular registró un total de $264.661.995 en apuestas. Al año siguiente, 2001, la cifra subió a $254.912.923. Y en 2002, ya con la devaluación, el volumen saltó a $381.149.778. Es decir que sólo en esos tres años - cuando Argentina atravesaba su peor crisis económica- los tucumanos apostaron el equivalente a USD 627 millones en quiniela, Telekino, casino, hipódromo y máquinas tragamonedas.

Pero esos balances contienen otro dato crucial. En la fila "Participación SIPROSA" aparece lo que la Caja transfería al sistema de salud pública. La ley provincial establece que el 25% del resultado bruto del juego debe ir a hospitales. Los números cuentan otra historia: en 2002, la CPA transfirió sólo $14.332.367 al SIPROSA, apenas el 3,7% del total apostado. En 2001 fueron $17.785.616 (6,9%). En 2000, $8.748.364 ( tan sólo un 3,3%).

La cuenta es simple. Si la ley se hubiera cumplido estrictamente durante 30 años, el sistema de salud tucumano debería haber recibido aproximadamente USD 2.400 millones (a valores constantes). Sin embargo el SIPROSA sólo percibió, según las proyecciones basadas en los balances disponibles, alrededor de USD 285 millones. La diferencia supera los USD 2.100 millones que nunca llegaron a los hospitales públicos de una provincia donde la desnutrición infantil fue noticia mundial.