Lisandro Catalán logró llevar el "ancazo" a Pelli al fuero federal de su íntimo amigo Fernando Poviña

El mismísimo día en que Lisandro Catalán exigía públicamente el traspaso al fuero federal, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán libró un oficio inhibitorio para arrebatarle la causa del "ancazo" a la justicia provincial.

La resolución, fechada el 12 de marzo de 2026, ordena a la UFI Homicidio del Centro Judicial de Concepción que se inhiba de entender en el expediente y remita la totalidad de las actuaciones al fuero federal. La carátula: "4828/2026 — SEGURA, MARCELO CLAUDIO s/Lesiones Graves (Art. 90) Víctima: PELLI, FEDERICO AGUSTÍN". El impulso procesal lo dio el dictamen n° 539 del Fiscal Federal Dr. Rafael Vehils Ruiz, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 por subrogancia legal, invocando el artículo 45 del Código Procesal Penal de la Nación y el principio de non bis in idem. Los argumentos: el territorio —Ruta Nacional N° 157— y la investidura de la víctima como diputado nacional.

El documento —al que accedió este diario y cuyas imágenes se reproducen en esta nota— llegó cuando la justicia provincial ya había actuado con celeridad contundente: el juez Raúl Ángel Robin Márquez, del Centro Judicial de Concepción, imputó a "Pichón" Segura por lesiones graves agravadas por alevosía, le dictó cuatro meses de prisión preventiva y ordenó su traslado inmediato al penal de Benjamín Paz. El agresor ya tenía preso, audiencia cumplida y recurso de la defensa impugnado. El fuero federal intervino sobre un caso resuelto.

Ahora bien: ¿por qué Catalán quiere llevar esta causa precisamente a ese fuero?

La respuesta tiene nombre, apellido y partida de casamiento.

La amistad que todo lo explica

El fuero federal de Tucumán es la jurisdicción donde ejerce como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones el Dr. Fernando Luis Rodolfo Poviña, íntimo amigo de Catalán. No se trata de una versión invocada por fuentes anónimas ni de un rumor de pasillo: Poviña fue uno de los dos testigos de casamiento del dirigente libertario, según documentó Letra P en un exhaustivo perfil del entonces flamante ministro del Interior, dato confirmado por Tendencia de Noticias y por Chequeado. El otro testigo fue Matías Sabaté, primer operador legal de LLA en Tucumán y delegado de Migraciones.

Designado juez federal de primera instancia en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, y ascendido a camarista en 2023 con acuerdo del Senado, Poviña es hoy una de las figuras más cuestionadas de la magistratura federal tucumana. Y su poder no se circunscribe a su jurisdicción: está casado con Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, designada por Manzur y sobrina del ministro público fiscal Edmundo Jiménez. El presidente de la Cámara Federal duerme con una vocal de la Corte provincial: un puente entre los dos fueros que la plataforma JusTA de ACIJ documentó como un circuito de influencia sin precedentes en Tucumán.

En los círculos judiciales y políticos tucumanos se dice que el propio Poviña se jacta de su amistad con quien hoy aspira a reemplazar a Jaldo en el sillón de la Casa de Gobierno de Lucas Córdoba.

Quizás Catalán crea que lo que la política no puede conseguirle, el lobby judicial con los amigos sí lo logre.

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán encabezó una conferencia de prensa junto a los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, y el concejal Álvaro Apud, para reclamar medidas al gobernador. Pidió la renuncia del ministro del Interior provincial Darío Monteros —al que comparó con "el jefe de patovicas de una bailanta un sábado por la noche"— y cuestionó la imparcialidad de la justicia local: "El peronismo gobierna hace cuarenta años y la justicia local fue nombrada por la clase política de las últimas cuatro décadas".

El argumento formal para el traspaso es doble: la agresión ocurrió en la Ruta Nacional 157 y la víctima es diputado nacional, lo que —según la lectura de LLA— activa la competencia federal. A ello sumó una crítica política de fondo que apuntaba a deslegitimar todo lo actuado por la justicia provincial, incluida la prisión preventiva que ya pesaba sobre el agresor.

Lo que Catalán omitió decir —y lo que esta nota documenta— es que el fuero al que quiere llevar la causa está presidido por su testigo de casamiento.

"Pichón" Segura: el preso que Catalán quiere arrebatarle a la justicia provincial para condicionar a Jaldo

Marcelo Claudio "Pichón" Segura —empleado de la comuna de Los Bulacio, que figura en registros laborales como personal de seguridad del subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior provincial, Miguel Vázquez— registra antecedentes por portación de armas de guerra desde 1997 y vínculos con el peronismo tucumano que se remontan a la década del noventa, cuando habría frecuentado círculos del denominado "Clan Ale".

En la audiencia del 13 de marzo ante el juez Robin Márquez, Segura declaró:

"Le pido disculpas al señor Pelli. No tenía que reaccionar así. Estuve mal. Soy empleado público, y con mi familia voy a juntar el dinero para poder pagar lo que pueda por lo que gastó en la operación. No sabía que era diputado nacional."

Y agregó una versión de los hechos que no carece de contexto social:

"Ellos llegaron a las risotadas, hablando fuerte. Llegaron con unos cuantos colchones y unas bolsas. La verdad, daba bronca; uno estaba desde el día anterior, toda la noche colaborando, mojado, picado por hormigas y arañas, sacando gente de arriba de los techos. Y en esa situación, verlos llegando con esa arrogancia, eso me ofuscó."

Fue trasladado esposado, con chaleco antibalas y fuerte custodia de fuerzas federales al penal de Benjamín Paz. Su abogado, Ernesto Baaclini, impugnó la resolución. Los investigadores buscan ahora su teléfono celular —que Segura dice haber extraviado durante el ataque— y a otras personas que habrían participado del bloqueo sobre la ruta.

La pregunta que la resolución del Juzgado Federal no responde es quién le pidió al fiscal Vehils Ruiz que interviniera de oficio en un caso que la justicia provincial ya tenía bajo control, con preso imputado, operado y en camino a juicio.

La amistad entre Catalán y Poviña tiene una prueba concreta que excede lo anecdótico: la designación de Ramiro Catalán, hermano de Lisandro, en la Justicia Federal. No una vez: dos.

Según documentó este diario el 31 de octubre de 2025, Poviña firmó primero la Acordada N° 25/2017 designando a Ramiro Catalán como escribiente auxiliar contratado en el Juzgado Federal N° 2, bajo su propio cargo. Luego, por Acordada N° 117/2018, lo efectivizó en ese mismo juzgado. Pero la historia no terminó ahí: cuando Poviña pasó a subrogar el Juzgado Federal N° 1, le pidió que renunciara para volver a nombrarlo en un puesto nuevo —la Secretaría Electoral— bajo su dependencia en el otro tribunal.

Los documentos lo consignan sin ambigüedad:

"Por Acordada N° 8 de la Cámara Electoral Nacional, a propuesta del Juez Federal Subrogante de Tucumán, Fernando Poviña, se designa en la Secretaría Electoral bajo su dependencia a Ramiro Catalán."

Lo llamativo no es solo que un juez federal haya nombrado al hermano de su testigo de casamiento. Es que lo hizo dos veces, en dos juzgados distintos, arrastrándolo consigo cada vez que cambiaba de asiento. El vínculo fraternal no fue obstáculo; la amistad fue la palanca que giró dos veces.

"¡Basta!": Jaldo rompe el silencio y desnuda la operación

Mientras Catalán movía sus piezas en el tablero judicial, el gobernador Osvaldo Jaldo rompió el silencio con una respuesta que excedió largamente el repudio protocolar. En un extenso hilo en la red social X, el mandatario tucumano apuntó directo contra el dirigente libertario:

"¡Basta! La política partidaria puede esperar, la gente no."

El gobernador recordó que mientras LLA celebraba conferencias de prensa, pedía renuncias de funcionarios y reclamaba el traspaso al fuero federal, 15.000 tucumanos esperaban asistencia en el sur de la provincia, con familias autoevacuadas, rutas cortadas, el río Marapa desbordado y localidades enteras bajo agua. La emergencia hídrica fue, para Jaldo, la prueba de que Catalán no estaba reclamando justicia: estaba haciendo campaña sobre el barro.

El mensaje no fue solo una defensa de la gestión de la emergencia: fue una acusación política. Al señalar que Catalán instrumentalizó la agresión a Pelli para condicionar al gobierno provincial —pidiendo la renuncia de Monteros, cuestionando la imparcialidad de toda la justicia local, activando el traspaso al fuero de su amigo—, Jaldo puso en evidencia que el reclamo procesal del jefe libertario tenía un destinatario político, no jurídico. El Siglo de Tucumán también reflejó la escalada entre ambos frentes.

La respuesta de Jaldo cerró un circuito que Catalán no preveía que quedara expuesto: el mismo dirigente que denuncia la "justicia del peronismo" quiere llevar la causa al fuero de su testigo de casamiento. El que señala la imparcialidad ajena esconde la parcialidad propia.

El prontuario ético de Poviña: lo que Catalán no cuestiona

Mientras Catalán pone en duda la imparcialidad de los jueces provinciales, guarda un silencio llamativo sobre el frondoso prontuario de cuestionamientos éticos de su amigo federal. Este diario ha documentado en investigaciones sucesivas al menos seis episodios que deberían incomodar a cualquiera que hable de imparcialidad en serio.

1 Directivo de Atlético Tucumán contra la prohibición legal

El 24 de septiembre de 2025, este diario publicó que el camarista Poviña asumió como presidente del Tribunal de Ética y Disciplina de Atlético Tucumán en violación del artículo 8, inciso m) del Reglamento para la Justicia Nacional, que prohíbe a los magistrados integrar comisiones directivas sin autorización de la Corte Suprema. Su candidatura había sido legítimamente impugnada por Álvaro Gómez Ugarte, apoderado de la lista opositora "Atlético Siempre Primero". La única foto oficial de la asunción lo muestra esquivando los planos principales, lo que evidencia conciencia de una conducta que podría habilitarlo a un juicio político. Jamás solicitó la autorización que el artículo 9 del mismo reglamento exige.

2 Libertad para el hijo de su compañero de lista, en plena campaña

El 27 de septiembre de 2025, este diario reveló que Poviña resolvió mantener en libertad a Jerónimo Martínez Parada, hijo de Mario Martínez Salazar Pérez —su compañero de lista bajo el sello "Atlético de América"— en un proceso por lavado de activos vinculado a la megaestafa piramidal RT Inversiones, que habría perjudicado a casi 2.500 personas en Catamarca. El rechazo del pedido de prisión preventiva, firmado el 5 de mayo de 2025, coincidió con el período en que Poviña y el padre del imputado compartían actos proselitistas y fotografías de campaña. El artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Iberoamericano de Ética Judicial indicaban que debía excusarse. No lo hizo.

3 Las "designaciones cruzadas": los jueces que nombraron al hijo del otro

El 4 de octubre de 2025, este diario documentó un mecanismo de nepotismo encubierto entre Poviña y el juez federal José Manuel Díaz Vélez. La secuencia quedó grabada en las bases de datos oficiales del Poder Judicial con precisión de escribano:

30 de noviembre de 2022: en su último día como juez subrogante del Juzgado Federal N° 1, Poviña firmó la Acordada 94/22 designando a José Ignacio Díaz Vélez —hijo de quien lo sucedería al día siguiente— como escribiente auxiliar efectivo.

6 de diciembre de 2022: Díaz Vélez firmó la Acordada 162 designando a Ariana Celeste Poviña —hija del camarista, clase 1997, certificado de Polimodal— como auxiliar de la Secretaría Electoral.

Ninguno nombró a su propio hijo: nombraron al hijo del otro. Un ardid para burlar la prohibición del Artículo 12, inciso 8° del Reglamento para la Justicia Nacional, documentado con acordadas oficiales y fechas que no dejan margen a la casualidad.

4 El femicidio de Érika Álvarez y la protección de la familia Poviña

El 26 de febrero de 2026, este diario publicó una investigación titulada "¿Goza Felipe 'El Militar' Sosa de una protección de facto de las familias Sanjuan y Poviña en la justicia federal y provincial?" que reveló el entramado institucional que rodea al principal sospechoso del femicidio de Érika Álvarez.

La cadena es la siguiente. Poviña intervino como juez de primera instancia en los inicios de la causa federal por drogas contra Sosa, en cuyo domicilio de Yerba Buena la policía halló un invernadero de cannabis con decenas de plantas, prensa hidráulica, balanza digital y flores compactadas en tabletas. Esa investigación pasó a manos de su colega y socio en las designaciones cruzadas, Díaz Vélez, quien sobreseyó a Sosa pese a la oposición del fiscal federal Agustín Chit, que calificó la cantidad secuestrada como "más que considerable" y apeló. Han pasado más de diez meses: la Cámara que Poviña preside no se expidió. Mientras tanto, la defensa de Sosa esgrime en el caso de Érika que su cliente "no registra antecedentes penales", frase que se apoya en ese sobreseimiento no revisado.

Poviña se apartó del expediente invocando su intervención previa como juez de primera instancia. Es la causal formal. Pero encubre la familiar. Porque nunca declaró que mientras conducía la investigación contra Sosa desde el Juzgado Federal N° 2, su padre ya litigaba como abogado de empresas del imputado y su madrastra ya lo representaba en causas civiles. Poviña participó en toda la instrucción sin transparentar esos vínculos y excusarse y recién se inhibió al llegar a la Cámara, eligiendo una causal técnica que le evitara nombrar a los suyos. Pero nunca se excusó por un conflicto de interés que salta a la vista: su padre, Fernando "El Indio" Poviña, litiga como abogado de empresas vinculadas a Sosa, y la esposa de este —Dolores Remis, flamante madrastra del presidente de la Cámara— representa al exmilitar en causas civiles por violencia de género y amenazas en las que, según reveló El Federalista, la ex pareja de Sosa advirtió a la justicia que temía un desenlace fatal.

Nueve meses después del sobreseimiento de Díaz Vélez, Érika Álvarez apareció dentro de tres bolsas de consorcio en un basural de Manantial Sur, asesinada con violencia extrema y precisa. Hoy, con ADN de Sosa hallado en su cuerpo y cuatro personas detenidas, la fiscalía evalúa recalificar el caso como femicidio —delito que contempla prisión perpetua.

5 El Jefe de ARCA investigado por cuevero, compañero de Poviña en Atlético

Este diario también reveló que Mario Martínez Salazar Pérez —el padre del imputado que Poviña mantuvo en libertad y su compañero en la Comisión Revisora de Cuentas de Atlético Tucumán— es el Jefe de División de Investigaciones de ARCA (ex AFIP), encargado de detectar lavado de activos y operaciones ilegales en billeteras virtuales: los mismos delitos por los que su hijo está procesado. Videos obtenidos por este diario documentan la cueva financiera familiar operando a 300 metros de su oficina, con máquina contadora de billetes y compraventa de dólares en negro.

6 El encubrimiento del robo de la Ciudad Universitaria

El prontuario de Poviña no se agota en los conflictos de interés deportivos ni en la trama del femicidio. Este diario ha documentado extensamente su rol en la causa que investiga el desvío de fondos de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) durante el rectorado de Juan Alberto Cerisola en la UNT —un perjuicio estimado en US$ 85,5 millones al valor 2010—, la mayor estafa contra el patrimonio público del norte argentino.

Cuando era juez federal, Poviña procesó sin prisión preventiva a todos los imputados —Cerisola, las ex funcionarias Cudmani y Venturino, y 22 empresarios involucrados en sobreprecios de 17 obras—, imponiendo solo embargos. Dejó la causa dormida durante años. Pero lo más grave es lo que este diario calificó como complicidad activa con el fiscal federal Carlos Brito: juntos condujeron el encubrimiento del delito principal —la renuncia de la UNT a sus derechos sobre cientos de millones en regalías mineras bajo la Ley 14.771 de 1959— instando al sobreseimiento de figuras clave y omitiendo la sustancia del fraude.

Este diario describió la actuación conjunta de Poviña y Brito como "el encubrimiento judicial más escandaloso que recuerde la historia de la república".

Ya como presidente de la Cámara Federal, la dilación continuó desde arriba: el Fiscal Federal General Gustavo Gómez debió conminar formalmente a la Cámara por "retardo de justicia" al no fijar fecha de inicio del juicio oral. El mismo magistrado que encubrió como juez de primera instancia, demora como camarista.

La moral a la carta de Catalán

La conclusión es inevitable. Lisandro Catalán señala con el dedo a la justicia provincial por haber sido moldeada durante décadas por el peronismo, pero calla sobre la justicia federal y, en particular, sobre un amigo cuyo expediente ético incluye nepotismo documentado en acordadas oficiales, conflictos de interés en causas penales activas, violación de reglamentos de la magistratura, protección de facto a un imputado por femicidio, un puente conyugal con una vocal de la Corte Suprema provincial designada por el manzurismo y el encubrimiento del mayor robo al patrimonio público del norte argentino.

LLA Tucumán es un partido familiar controlado por Catalán: además de Sabaté, metió a sus primos Ernesto Iramain (PAMI), Hernán Iramain (que se fue con un portazo: "Me desilusionó") y Gastón García Zavalía. Esto refuerza la idea de que Catalán opera con un círculo cerrado de confianza donde Poviña es la pata judicial.

Un detalle corona la contradicción: Poviña no es solo el testigo de casamiento del jefe libertario. Es, además, presidente de la Lista Celeste —el ala kirchnerista de la magistratura federal— en la jurisdicción Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. El hombre al que Catalán le quiere entregar la causa del "ancazo" milita en la misma facción judicial que el dirigente libertario dice combatir.

Catalán, que fue vicejefe de Gabinete de la Nación, luego ministro del Interior de Milei, y que dio sus primeros pasos políticos junto al kirchnerista Rafael Bielsa mientras su padre era ministro de Cultura y Educación de la dictadura de Videla, hoy aspira a posicionarse como el principal opositor del gobernador Jaldo y no descarta reemplazarlo en el sillón de la Casa de Gobierno. Para eso, necesita una justicia federal amiga.

Y la tiene.

La pregunta que Catalán no responde es la más simple: ¿será que necesita al fuero federal —y a su amigo Poviña— para aceitar sus ambiciones políticas en Tucumán?