La conexión Moisello-Cisneros: La Bancaria estuvo en ambos lados del mostrador, la CPA pagó $11 millones a un jugador de San Martín sin póliza y sus propios abogados recomendaban pagar $450 millones a Arregui, también sin cobertura

Rubén Bautista Moisello agradeció públicamente a Carlos Cisneros al dejar la presidencia de San Martín en noviembre de 2025. Tres meses después renunció a su empleo en la Caja Popular de Ahorros. Foto referencial: Facebook San Martín de Tucumán.

En 2021, la Caja Popular de Ahorros de Tucumán presentó una denuncia penal contra los abogados que representaban a más de cincuenta familias de empleados estatales muertos por COVID-19. Los trabajadores habían cotizado durante años a PopulART —la ART obligatoria del Estado provincial, con más de 141.000 afiliados sin posibilidad de elegir otra aseguradora— para tener cobertura exactamente ante esa contingencia. La Caja no pagó. Denunció a sus abogados por "defraudación contra la administración pública". El entonces interventor José César Díaz explicó al diario La Gaceta que los letrados alteraban fechas de trabajo y causas de muerte para simular fallecimientos en servicio. Los organismos que habían suscripto las denuncias originales —el Ministerio de Educación, municipalidades, comunas rurales, la Policía de Tucumán— eran dependencias del propio Estado cuyos trabajadores la CPA tenía la obligación de cubrir.

Cuatro años después, la misma institución pagó, sin objeciones y sin verificar póliza, $11.293.220,48 a un futbolista profesional que, según declaró su propio club bajo juramento, nunca estuvo asegurado en esa ART. El criterio diferenciador no era jurídico. La diferencia era quién controlaba la institución y a quién beneficiaba el pago. Eso es lo que los documentos internos ahora revelan con precisión nominal.

El hombre en el medio

Rubén Bautista Moisello, DNI 13.279.865, reunía dos condiciones que ningún sistema de controles mínimamente funcional debería tolerar. Era presidente del Club Atlético San Martín de Tucumán, la conducción vinculada a La Bancaria que dirigió el club durante el período en que se acumularon los siniestros. Y era simultáneamente Coordinador General del Casino de Tucumán —el activo más rentable del monopolio del juego administrado por la Caja Popular de Ahorros— ingresado a la planta de la institución por Resolución de Intervención 009/19, dictada durante la gestión Cisneros/Díaz en enero de 2019.

El 9 de febrero de 2026, a poco más de dos meses de despedirse de San Martín y a días de la asunción de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros, Moisello presentó su renuncia declarando: "razones particulares".

El Casino de Tucumán no es una dependencia lateral de la Caja Popular. Es el núcleo del negocio que Cisneros construyó en tres décadas. Un Coordinador General de esa estructura conoce los flujos de caja, los circuitos financieros, los expedientes internos de la institución. Ese hombre presidía simultáneamente el club de fútbol cuyos jugadores presentaban siniestros laborales ante la ART de la misma Caja. La pregunta no es si alguien lo advirtió. La pregunta es quién decidió no hacerlo.

El pago que ya se hizo: Basualdo

El 3 de mayo de 2024, el lateral izquierdo Santiago Tomás Basualdo —categoría 2004, formado en San Martín, con contrato profesional desde 2023— sufrió una lesión compleja de rodilla. Se abrió el Siniestro N° 104525 en la ART de la CPA. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo determinó una Incapacidad Permanente Parcial Definitiva del 7,20%. El Departamento de Prestaciones calculó la indemnización. La Gerencia Financiera tomó conocimiento del monto. La Asesoría Letrada de la institución emitió su dictamen en mayo de 2025:

Siniestro N° 104525 — Dictamen Asesoría Letrada CPA — Mayo 2025. La Asesoría Letrada "NO ENCUENTRA OBJECIONES DE TIPO LEGAL" que impidan la continuidad del respectivo acto administrativo que autorice el pago indemnizatorio al Sr. Basualdo Santiago Tomás. Monto aprobado y pagado: $11.293.220,48 (pesos once millones doscientos noventa y tres mil doscientos veinte con 48/100).

No se verificó si el jugador figuraba en la nómina de asegurados. No se pidió el contrato de cobertura. No se consultó al club. La Asesoría Letrada —cuyo firmante está identificado en el expediente físico— no encontró objeciones. Se pagó.

Ocho meses después, en enero de 2026, el actual presidente de San Martín, Oscar Mirkin, presentó una declaración jurada ante la CPA que parecía poner fin a la controversia: "NUNCA se incorporó a los Futbolistas ni Integrantes de Cuerpo Técnico" a la cobertura de la institución, ya que estos poseen su propia póliza a través de la AFA. "(...) La institución que represento celebró con vtra institución a los fines de brindar la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo a nuestro personal registrado. En tal sentido se acordó la cobertura del personal que desempeña tareas normales y habituales en las instalaciones tanto en el Estadio como en el Complejo Deportivo de nuestra propiedad. Pero NUNCA se incorporó a los Futbolistas ni Integrantes de Cuerpo Técnico que representan al Club en los distintos campeonatos en que participamos por cuanto tienen su propia cobertura a través de la institución madre del Fútbol Argentino. A efectos de demostrar dicha situación acompañamos DDJJ F 931 de ARCA, por los periodos 06/2.018 a 12/2023 en formato PDF y DDJJ F 931 por los periodos 01/2024 a 12/2025 con sus correspondientes nóminas de personal capitado, que coinciden con el personal declarado como beneficiarios de la cobertura contratada. Asimismo desde el próximo periodo les haremos llegar junto con el F 931 Arca, la nómina de los beneficiarios que mes a mes gozaran de cobertura (...)", expresó Mirkin en su descargo. 

Oscar Simón Mirkin — Presidente Club Atlético San Martín AC — Declaración jurada ante la CPA — 26 de enero de 2026.-

El jugador que cobró $11,2 millones nunca estuvo asegurado. El hombre que presidía el club al momento del siniestro era empleado de la institución pagadora. Cuando ese hombre se fue y llegó uno ajeno a la red, la verdad que ningún área de la CPA había verificado quedó documentada bajo juramento en veintiséis días.

La misma Caja que en 2021 denunció penalmente a los abogados de los deudos de empleados muertos por COVID —por reclamar indemnizaciones a las que tenían derecho— pagó en 2025, sin objeciones y sin verificar póliza, $11,2 millones a un futbolista que su propio club declaró jamás haber asegurado en esa ART.

Lo que Neme firmó: el dictamen sobre el juicio de $1.400 millones

El 12 de diciembre de 2025, once días antes de que la querella del caso Parache colapsara en la audiencia del 23 de diciembre donde los cuatro jugadores de Vélez Sarsfield fueron sobreseídos, la Dra. Patricia Neme emitió el Dictamen 31351 sobre el mayor juicio en curso contra la Caja Popular. Su cargo: Asesora Letrada A/C — C.P.A. El expediente: "Arregui Adrián c/ CPA s/ Acción Especial de Trabajo" — Carpeta N° A-1168. La condena proyectada: hasta $1.400 millones.

Funcional a estafas millonarias contra la Caja Popular:  Patricia Neme, abogada de La Bancaria y la CPA, abrazada a Carlos Cisneros en la alfombra roja de los Martín Fierro.

Neme tenía disponible, cuando firmó, el informe interno del 28 de noviembre de 2025 —fojas 166 del expediente— donde la Gerencia Aseguradora había detallado todos los escenarios de condena. Lo que no tenía era la declaración jurada de Mirkin: llegaría cuarenta y cinco días después. Lo que el dictamen revela no es lo que Neme ignoraba, sino lo que eligió decir —y lo que eligió no decir.

Cierre: "Es mi opinión." — Dra. PATRICIA NEME — Abogada — C.P.A. A/C Asesoría Letrada.

El dictamen tiene cuatro movimientos que merecen leerse en secuencia. Primero: Neme declaró que la dimensión comercial y económica del caso estaba fuera de su competencia. La pregunta de si el jugador tenía cobertura —la única que podía detener el juicio— es una pregunta comercial. Neme la excluyó por declaración expresa, no por ignorancia. Segundo: recomendó continuar la defensa. Sin urgencia, sin instrucción específica sobre la ausencia de póliza, sin marcar el problema de fondo que el informe de noviembre ya había descripto. Tercero: sobre la indefensión generada por el estudio Iezzi y Varone al no contestar la demanda, Neme aconsejó "ajustar los controles en lo sucesivo". Una recomendación de mejora futura para un daño ya consumado que había dejado a la CPA sin defensa ante un juicio de $1.400 millones. Cuarto: explicó la brevedad del análisis. La gestión le había sido remitida "unos días antes de la referida audiencia" —casi con certeza la audiencia del 23 de diciembre en el caso Parache— y no había tiempo suficiente para un análisis profundo. El expediente Arregui llegó a su escritorio cuando tenía la cabeza en otra causa. Cerró la carpeta del juicio mayor de la CPA con la frase "es mi opinión" y una firma.

Hoy, Patricia Neme enfrenta una imputación federal por trata de personas y asociación ilícita junto a Carlos Cisneros. Desde el 9 de marzo de 2026 está con licencia médica de larga duración, sin fecha de retorno, iniciada dos días antes de su indagatoria federal. Ese 12 de diciembre de 2025 era funcionaria activa de la institución que Cisneros controló durante treinta años, con sello y rúbrica sobre el expediente de mayor riesgo patrimonial de esa institución.

El intento documentado: Arregui

En febrero de 2019, cuando San Martín de Tucumán era conducida por Roberto Sagra, el volante Adrián Arregui recibió un golpe en el ojo derecho durante un partido ante Belgrano de Córdoba. Continuó su carrera. Fichó por Alianza Lima. Jugó la Copa Libertadores. En octubre de 2023 presentó una demanda laboral contra la CPA reclamando daños por incapacidad derivada de aquella lesión.

Adrián Arregui durante su lesión ante Belgrano de Córdoba en 2019.- Demandó a la Caja Popular de Ahorros.

El estudio Iezzi y Varone Asociados, contratado por la gestión anterior para defender a la institución ante el Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3, no contestó la demanda. No planteó incompetencia de jurisdicción. Explicó la omisión como un "error involuntario". El interventor Norry lo calificó de "muy raro e irregular". Ese error dejó a la CPA en indefensión total ante un juicio que sus propios técnicos ya proyectaban en hasta $1.400 millones cuando Neme recibió el expediente en diciembre.

El 13 de marzo de 2026, cuarenta y siete días después de que Mirkin firmara su declaración jurada, la Gerencia Departamento Asegurador —Albornoz, Concilio, Gómez y Leiro— le envió al Sub Asesor Letrado Dr. Luis Alejandro Medina un diagnóstico sin atenuantes: "Estamos frente a una sentencia CONDENATORIA INMINENTE en primera instancia de más de $450.000.000 a cargo de Caja Popular, y con la seguridad de la apelación por parte de la actora generando más intereses y con alta probabilidad de que Cámara aplique RIPTE + tasa activa ($1.200.000.000 / $1.400.000.000)".

La Gerencia sabía que Arregui no figuraba en la nómina de afiliados. Tenía la declaración de Mirkin desde el 26 de enero. Aun así, su recomendación formal fue conciliar por no menos de $450 millones, en cuotas. Y la sugerencia más elocuente del documento: preparar "las previsiones pertinentes y necesarias para el ofrecimiento de embargo voluntario y/o sustitución de embargo ante una eventual sentencia de condena", para evitar la inmovilización de dineros operativos de la institución.

La Caja Popular se disponía a autoembargarse con fondos del Estado provincial para pagar voluntariamente una condena millonaria en un juicio que nunca debió existir. La misma institución que había perseguido judicialmente a los abogados de los muertos por COVID preparaba un embargo voluntario en favor de un futbolista sin póliza. El mismo informe identificó que la declaración de Mirkin podía plantearse como "hecho nuevo" en el proceso —herramienta que podía cambiar el resultado del juicio, dado que aún no se habían producido los alegatos—, pero la señaló en potencial y la devolvió a la Asesoría Letrada para que decidiera. La audiencia de alegatos quedó fijada para el 24 de abril de 2026 a las 8:30.

La denuncia que llegó el lunes 6 de abril

La inacción tuvo fecha de vencimiento externa. El sábado 4 de abril de 2026, eltucumano.com publicó la primera investigación sobre el esquema. El lunes 6 de abril, el interventor Guillermo Norry y el subinterventor Antonio Bustamante presentaron la denuncia penal por asociación ilícita ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. El caso Basualdo se había pagado en mayo de 2025 sin denuncia. El expediente Arregui había llegado a marzo de 2026 con propuesta de embargo voluntario, sin denuncia. La denuncia llegó cuarenta y ocho horas después de la publicación periodística.

La investigación de eltucumano.com publicada el sábado 4 de abril.-

"Este jugador no tiene póliza con la Caja Popular. Habida cuenta de que San Martín en algún momento nos informó que no tiene asegurado ningún jugador en la ART, creemos que esto configura o podría configurar una asociación ilícita". Guillermo Norry — Interventor CPA — Conferencia de prensa, 9 de abril de 2026.

"Hemos denunciado formalmente actos de corrupción, en palabras sencillas, un entramado que parte del jugador de fútbol Arregi con connivencia de personas que están dentro de la administración o también por fuera". Gonzalo Guerra — Abogado patrocinante CPA — 9 de abril de 2026

Las personas "dentro de la administración" tienen nombre en los documentos. Neme firmó el Dictamen 31351 sobre el caso Arregui. Díaz recibió la comunicación personal de Neme sobre la relevancia del juicio. Moisello coordinó el Casino y presidió el club. Iezzi y Varone no contestó la demanda. Y el informe del 28 de noviembre de 2025 estaba en fojas 166 cuando Neme revisó el expediente. Nadie usó lo que tenía para cambiar el curso.

Las preguntas sin respuesta

¿Quién firmó el dictamen de mayo de 2025 que aprobó el pago de $11,2 millones a Basualdo? El texto disponible identifica el cargo —Asesoría Letrada— pero no reproduce el nombre del firmante de ese dictamen específico. El nombre está en el expediente físico. Tiene número de matrícula. Si es la misma persona que firmó el Dictamen 31351 sobre Arregui en diciembre, el arco se cierra sobre una sola rúbrica.

¿Cuántos casos similares existen además de Basualdo y Arregui? Las nuevas autoridades hablaron de "jugadores" en plural al presentar la denuncia. El mecanismo Moisello fue estructural y duró años. Si el Coordinador General del Casino presidía el club pagador desde 2019, el patrón no se agota en dos expedientes.

¿Por qué el estudio Iezzi y Varone no contestó la demanda de Arregui? Fue contratado por la gestión Díaz. Conocía el expediente. Lo dejó sin contestar. Explicó la omisión como un error involuntario. Ese error tiene un contratante, una fecha, honorarios pagados con fondos públicos, y consecuencias patrimoniales de hasta $1.400 millones para el Estado provincial. El expediente de contratación está en la CPA.

¿La misma Caja que persiguió a los abogados de los deudos del COVID se disponía a autoembargarse para pagarle a un futbolista sin póliza? Los documentos internos del 13 de marzo de 2026 dicen que sí. La cronología dice por qué no llegó a hacerlo.

24 de abril de 2026, 8:30 hs. — Audiencia de alegatos. Tribunal del Trabajo de Quilmes N° 3. Expte. N° 32799, Siniestro ART N° 77149. La CPA llega a esa audiencia con denuncia penal activa contra quien la demanda.

Serie Mafia Paraestatal — eltucumano.com

Archivo completo: eltucumano.com/secciones/77/mafia-paraestatal

Entregas anteriores — Subserie Seguro Fantasma:

• "NUNCA se incorporó a los futbolistas": la CPA enfrenta demandas por más de $1.400 millones

• "Configura una asociación ilícita": la CPA presentó denuncia penal por la millonaria demanda