El plan reloj de arena: la doble jugada del rector/candidato Sergio Pagani para perpetuar el Saabismo en la Universidad

El conflicto desatado en la Universidad Nacional de Tucumán por las insinuaciones del rector Sergio Pagani sobre una posible tercera candidatura consecutiva al Rectorado lleva semanas instalado en los medios provinciales y nacionales, y ha comenzado a tensionar los pasillos de la institución con una intensidad que no se veía desde el último ciclo electoral. Lo que arrancó como una ambigüedad declarativa —primero dijo que no podía, luego que "el estatuto me habilita"— derivó en una presentación judicial ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, impulsada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes se posicionan como la fórmula opositora y piden a la Justicia que aclare, antes de que el calendario lo haga imposible, si Pagani puede o no competir por un tercer período.

En este contexto, la defensa de la UNT ante la Justicia Federal no parece orientada a resolver la controversia sino a administrarla. El argumento central que propone el abogado Jorge Chehín es que no existe "incertidumbre jurídica actual" que habilite la intervención de la Justicia, dado que Pagani no ha confirmado públicamente su candidatura y no existe, así, caso concreto. La tesis es conocida: no habría una incertidumbre jurídica actual porque si Pagani no se ha pronunciado la causa deviene abstracta. Pero esa estrategia, lejos de desactivar el conflicto, lo desplaza hacia otro terreno: si la discusión no puede resolverse en la Justicia, el oficialismo intentará resolverla dentro de la propia estructura universitaria.

Ese es el punto político de fondo. La UNT no enfrenta apenas una disputa por elegibilidad; enfrenta una maniobra para estirar los plazos, fragmentar los frentes y llegar a la etapa electoral con una ventaja de hecho. En una elección con calendario apretado, la demora deja de ser un accidente procesal y pasa a ser un recurso de poder. 

 La contradicción central

Si para la Justicia Federal la cuestión es prematura porque Pagani no formalizó su candidatura, entonces no se entiende por qué el mismo tema debería adquirir urgencia en el Honorable Consejo Superior. Esa disonancia no parece un error, sino una táctica: sostener hacia afuera que no hay caso y, al mismo tiempo, empujar hacia adentro una resolución que despeje el camino político.

Fuentes internas de la universidad señalan que en la sesión del martes 14 de abril podría intentarse introducir sobre tablas una consulta destinada a que el HCS habilite al rector a competir por un tercer mandato. Si eso ocurre, el movimiento no debe leerse como una solución institucional sino como una operación para producir un antecedente, sumar ruido y ganar tiempo. En una campaña donde los plazos valen casi tanto como los votos, cada día cuenta.

La jugada también expondría una tensión más profunda: el oficialismo necesita que el conflicto parezca abstracto ante la Justicia, pero urgente dentro de la universidad. Esa doble lógica no busca coherencia; busca margen de maniobra. Y cuando una administración política necesita margen de maniobra, casi siempre está intentando llegar antes que sus adversarios al momento en que ya no se pueda revertir nada.

Qué puede hacer el Honorable Consejo Superior

El problema no es solo político, también es institucional. El Honorable Consejo Superior es un órgano constituido por el Estatuto y subordinado a la Asamblea Universitaria, que es el órgano soberano dentro de la UNT. En 2024, la Asamblea rechazó por 79 votos contra 34 reiniciar el cómputo de mandatos para las autoridades que transitaban su segundo período, y esa decisión quedó incorporada en el artículo 190 del Estatuto.

Por eso, una eventual resolución interpretativa por parte del HCS habilitando la candidatura de Pagani no sería un simple acto de aclaración normativa. Sería una forma indirecta de alterar el sentido de una decisión tomada por el órgano que tiene la potestad constituyente. En términos políticos, sería una manera de buscar por la vía administrativa lo que no se consiguió por la vía estatutaria.

Esa posibilidad importa porque define el tipo de conflicto que se está incubando. Si el HCS interviene, no lo hará en un vacío técnico sino en un escenario ya condicionado por la disputa judicial, por la cercanía del cronograma electoral y por la necesidad del oficialismo de producir una salida interna antes de que el expediente externo avance. La resolución que surgiera de allí, aun si fuera objetable, podría servir como pieza de presión, como antecedente o como cobertura política.

 La Junta y el tablero

La otra pieza del escenario es la Junta Electoral. Si la consulta al HCS llegara por esa vía, el problema se agrava, porque la Junta no fue creada para reinterpretar el Estatuto sino para aplicar el régimen electoral y resolver los planteos del proceso dentro de sus atribuciones. En un contexto normal, eso debería bastar para ordenar el juego. En un contexto como el actual, puede terminar funcionando como un mecanismo de validación política.

La composición de esa Junta también pesa sobre la lectura política del caso. La resolución que designó a sus integrantes fue aprobada por unanimidad en el HCS el 9 de diciembre de 2025, el mismo día en que Pagani decía públicamente que no podía ni quería ir por otro mandato. Esa secuencia no prueba por sí sola un desenlace, pero sí muestra el grado de control que el oficialismo conserva sobre las instancias que deberían arbitrar la disputa.

Por eso la gran pregunta no es solo si Pagani puede o no ser candidato. La pregunta más importante es si el oficialismo va a lograr convertir una controversia sobre límites estatutarios en una validación interna antes de que la oposición pueda forzar una definición externa. En esa batalla, el tiempo es el verdadero adversario.

El dato Valdez

Dentro de ese tablero, aparece el nombre de Fernando Valdez. El flamante titular de la Junta Electoral, aparece ubicado en una posición clave dentro del proceso con una trayectoria pública y judicial que agrega una capa de controversia a la discusión, por su relación con causas vinculadas a YMAD y por su proximidad política con figuras asociadas al entramado que hoy rodea a la conducción universitaria.

En julio de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal revocó el sobreseimiento de Valdez y ordenó investigarlo junto al ex rector Juan Alberto Cerisola por su actuación como director de YMAD entre 2012 y 2016: sobreprecios del 200% en la compra de cianuro de sodio, venta de oro en licitaciones privadas a empresas que compartían directores, apoderados y hasta domicilios, y distribuciones extraordinarias de fondos en beneficio del propio directorio. El fallo fue explícito: la investigación de primera instancia había sido "deficiente" al negarse a comparar los precios pagados con los del mercado. 

En 2022, cuando se presentó en la fórmula para el Decanato de la Facultad de Derecho, Valdez lo hizo junto a Augusto González Navarro, el director de Asuntos Jurídicos de la UNT que el Ministerio Público Fiscal sindicó como el arquitecto legal del vaciamiento de YMAD a través de la llamada "Doctrina Hochi": el dictamen jurídico que sostuvo que los fondos públicos provenientes de una empresa interestatal se convertían en fondos privados al ingresar a la UNT, liberándolos de las obligaciones de la Ley de Obras Públicas.

Dicho con precisión: no hay elementos para afirmar de manera concluyente que Valdez actuará en favor de Pagani. Pero sí hay razones para observar con atención un proceso donde quien debe intervenir sobre la elegibilidad del rector está lejos de ser un árbitro políticamente neutro. En un contexto como éste, la percepción de imparcialidad vale casi tanto como la imparcialidad misma, y la UNT ya no dispone de demasiado margen para descuidar ninguna de las dos.

Lo que se avizora

Lo más probable es que el oficialismo insista en una estrategia de desgaste. Eso implica evitar definiciones tempranas, empujar la discusión hacia órganos internos, ganar tiempo para que el cronograma electoral siga su curso y obligar a la oposición a litigar en condiciones cada vez más acotadas. Si esa táctica prospera, la elección dejará de girar alrededor de una pregunta de fondo —si corresponde o no un tercer mandato— y pasará a discutirse bajo la lógica de los hechos consumados.

Ahí está la clave política de la jornada: quien logre imponer el primer acto válido no solo condicionará la elección, también definirá el marco de interpretación de todo lo que venga después. En la UNT, hoy, el conflicto no es solamente quién puede ser candidato. Es quién consigue decidir antes de que la institución llegue a su propio punto de no retorno.