Lunes clave para la libertad de expresión: las hijas de Carlos Cisneros buscan silenciar a eltucumano con una "perimetral mediática"

Este lunes, la justicia de Tucumán será protagonista de una nueva audiencia que podría marcar un nuevo precedente crítico para el ejercicio del periodismo y el derecho a la información de los tucumanos. Marta, Cecilia y Mercedes Cisneros, hijas del diputado nacional y sindicalista bancario Carlos Cisneros, buscan ratificar una medida autosatisfactiva para censurar y eliminar de raíz las notas de eltucumano.com que documentan un patrimonio millonario de origen incierto. La estrategia, calificada como un intento de "perimetral mediática", pretende utilizar leyes de protección a la mujer como un escudo para ocultar movimientos financieros y propiedades de lujo.

La demanda, encabezada por el abogado Juan Andrés Robles, utiliza un andamiaje legal insólito: invoca la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, la Convención de Belém do Pará y la Ley Micaela para suprimir información extraída directamente del Boletín Oficial y el Registro Inmobiliario. En un giro jurídico que roza el absurdo, el escrito llega a citar el inciso de "violencia contra la libertad reproductiva" (violencia obstétrica) para pedir la eliminación de artículos que detallan la constitución de sociedades comerciales como Malaquita SRL.

Esta "tergiversación sistemática" de herramientas diseñadas para proteger a víctimas vulnerables busca, en realidad, "neutralizar" investigaciones periodísticas sobre el poder económico y paraestatal. El escrito de 31 páginas admite que los datos publicados son verídicos, pero sostiene que su "republicación masiva" constituye un agravio, una lógica que anularía cualquier posibilidad de periodismo de investigación sobre actos públicos.

Este no es un ataque aislado contra eltucumano.com, sino el quinto intento coordinado en menos de cinco meses por parte del entorno de Cisneros para amordazar a este medio. Entre los antecedentes que citan las demandantes, destaca el polémico fallo del juez Pedro Yane Mana (ex candidato a legislador de José Cano), quien en diciembre de 2024 dictó la primera censura previa de la historia judicial argentina contra eltucumano.com. Bajo la figura inexistente de "difusión abusiva de información aunque sea verídica", Yane Mana prohibió al diario publicar sobre una exjuez con múltiples pedidos de juicio político.

La conexión política y económica es directa: meses después de ese fallo, la esposa de Yane Mana, Rosana Redondo Torino, fue designada asesora en la Caja Popular de Ahorros —institución que era manejada por Cisneros— con un sueldo de $7,5 millones mensuales, superando incluso el salario del gobernador. Por otro lado, la estructura intentó una maniobra similar a través de José Hugo Saab, secretario general de la UNT, quien pretendió suprimir 372 notas del diario invocando la misma ley de género; sin embargo, en ese caso, el juez Santiago Peral rechazó la acción en todos sus términos.

La paradoja más trágica de esta embestida judicial reside en la figura del abogado Robles. En 2020, el mismo letrado que hoy se autodefine como defensor de la perspectiva de género, representó a Mauricio Parada Parejas, el acosador que terminó asesinando de 23 puñaladas a Paola Tacacho. En aquel entonces, Robles acusó a la víctima de ejercer una "persecución irracional" contra su cliente meses antes del femicidio. Hoy, ese mismo abogado utiliza el lenguaje del movimiento feminista para blindar a las hijas de un diputado que, mientras se proclama defensor de las mujeres, es investigado por trata de personas.

Millones bajo la lupa: Lo que intentan ocultar

La investigación que "Las Cisneros" quieren borrar detalla una estructura patrimonial asombrosa para mujeres de 32, 39 y 41 años:

- Complejo hotelero La Madrina: Un emprendimiento en Tafí del Valle valuado entre USD 3,7 y 5 millones, compartido con el operador Federico Petraglia, también imputado por trata.

- Propiedades de lujo: Al menos seis departamentos de categoría en Barrio Norte.

- Sociedades comerciales: Malaquita SRL y Emprendimiento Turístico SRL, cuyos datos de constitución son públicos pero cuya fuente de financiamiento permanece en las sombras.A pesar de las 31 páginas del escrito, no se aporta ni una sola prueba sobre el origen lícito de estos fondos, ni se contradice la veracidad de la información publicada por el medio.

La respuesta de eltucumano: Denuncia penal federal por lavado y enriquecimiento

Ante el intento de silenciamiento, eltucumano.com pasó a la ofensiva legal. Su director, Julio  Valenzuela, radicó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Tucumán 2 contra Carlos Cisneros, sus tres hijas y Federico Petraglia. La causa (FTU 23/2026) solicita investigar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica.

La denuncia sostiene que los bienes de las hijas serían el resultado económico de actividades ilícitas precedentes vinculadas a la organización liderada por el diputado. De esta manera, las notas que las hijas de Cisneros pretenden hacer desaparecer mediante una medida civil se han convertido ahora en la base documental de un expediente penal federal. La justicia tiene ahora el desafío de decidir si valida una mordaza jurídica o si protege el derecho constitucional a investigar el poder. 

El núcleo de la denuncia es una cifra que el propio diputado nacional declaró ante la Oficina Anticorrupción: su patrimonio pasó de $2,7 millones en 2019 a $465,7 millones en 2024. Una variación de 172 veces en cinco años. El 46% de ese patrimonio — aproximadamente $216 millones — está consignado como "participaciones societarias" sin desglose público. Ese dato, señala la denuncia, "por sí solo, constituye un indicador típico del delito de enriquecimiento ilícito."

Y lo cruza con las propias palabras del diputado. El 7 de marzo de 2026, en Tendencia de Noticias — uno de los medios de su propio holding —, Cisneros dijo en el minuto 45:10: "Yo no tengo tierra choreada al Estado ni adquirida con ese verso que te ponen de prescripción adquisitiva." Segundos después, con las cámaras apagándose se le escuchaba decir: "Soy el dueño."

La denuncia califica la contradicción como "documentalmente verificable" y la señala como "un indicio relevante de ocultamiento deliberado."

El crecimiento de 172 veces no nació en el vacío. Cisneros habría tenido bajo su control la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde 1995, cuando el entonces gobernador Julio Miranda lo designó al frente de la entidad que opera el monopolio provincial del juego y las apuestas. Documentación de 2006 relevada por eltucumano demuestra que la CPA administraba en esa época una red de al menos diez empresas con 1.035 máquinas tragamonedas distribuidas en la provincia. Los socios de esas empresas incluían a la familia Ale — Ángel "el Mono" y Daniel "la Chancha" Ale, posteriormente condenados por asociación ilícita y lavado de activos en el marco de la causa por trata de personas más emblemática de la historia judicial argentina: el caso Marita Verón — y a Roberto Sagra, vinculado al Grupo Los Balcanes y al diario La Gaceta.

La conexión no es tangencial. Susana Trimarco — madre de Marita Verón — declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal el 19 de septiembre de 2012: "Los Ale están muy vinculados con Carlos Cisneros. La remisería Cinco Estrellas funcionaba en un local de Cisneros. ME LLEGÓ INFORMACIÓN DE QUE EN LAS FIESTAS DE CISNEROS SE LLEVABAN A LAS CHICAS." La Remisería Cinco Estrellas fue señalada como punto de captación de víctimas de trata. Los Ale fueron condenados, mientras que Cisneros nunca fue investigado por esos hechos.

Sobre la facturación estimada de la CPA en 30 años de monopolio del juego —que superaría los USD 9.500 millones— no consta auditoría externa independiente sobre el destino de esos fondos. El patrimonio que hoy se multiplicó por 172 tiene como fuente declarada un empleo bancario con licencia sindical en la entidad que administra ese monopolio. La brecha entre el ingreso declarado y el patrimonio acumulado es el objeto de la denuncia presentada por eltucumano ante el Juzgado Federal 2.