La Corte Suprema de Tucumán retó a un camarista por sus caprichos que "obstaculizan el acceso a la justicia"

El pasado 20 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió la Acordada 288/2026, un documento que va más allá de un simple recordatorio administrativo para convertirse en una alerta institucional. Los ministros Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse, Eleonora Rodríguez Campos, Antonio Daniel Estofan y María Gabriela Blanco formularon un enérgico llamado de atención al doctor Benjamín Moisá, vocal de la Cámara Civil y Comercial Común, Sala II, por su persistente negativa a aceptar la doctrina consolidada sobre el expediente digital.

La controversia estalló en los autos “Romano Jorge Alberto c/ AG Naum S.A. y otros s/ sumario (residual)”. En este caso, la abogada Claudia Patricia Quillotay presentó una contestación con la firma ológrafa escaneada del cliente y su propia firma digital. Sin embargo, la Sala II, bajo el criterio de Moisá, rechazó el documento exigiendo firmas digitales certificadas para todas las partes, aplicando una interpretación restrictiva del Código Civil y Comercial de la Nación.

Moisá sostiene que existe una incompatibilidad normativa entre el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 170 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, alegando que la ley nacional debe prevalecer sobre la local. No obstante, la Corte calificó su razonamiento como carente de lógica, aclarando que la firma ológrafa escaneada es una especie de firma electrónica que no está invalidada por la regulación nacional y que debe armonizarse con la Ley N° 25.506 y los códigos procesales locales.

Benjamín Moisá.-

No es la primera vez que el magistrado se enfrenta a la cúpula judicial por estos motivos. Según informó el sitio El Federalista, en 2024, la Corte ya había tenido que casar una sentencia suya en el caso “Sal Mauricio José”, donde se estableció que la firma ológrafa escaneada, bajo custodia del profesional como depositario judicial, es perfectamente válida.

Incluso durante la pandemia de 2020, en el momento de mayores restricciones sanitarias, el magistrado insistía en la presentación de escritos en papel, ignorando las acordadas que impulsaban la digitalización para garantizar la continuidad del servicio de justicia."En caso de ser necesaria una presentación, los escritos deberán ser redactados en soporte papel, y firmados de puño y letra por las partes y los profesionales", indicaba el magistrado durante ese convulsionado año.

La conducta del doctor Moisá en Tucumán parece ser el eco de una trayectoria conflictiva. Entre 2005 y 2008, mientras se desempeñaba en la Cámara de Apelaciones de Esquel, Chubut, protagonizó un enfrentamiento tan severo con su colega, el doctor Claudio Petris, que llevó a la justicia civil de la región a un estado de ingobernabilidad. Aquel episodio incluyó conductas beligerantes y numerosas filtraciones a la prensa.

El Consejo de la Magistratura de Chubut avanzó hacia un juicio político por mal desempeño contra Moisá. Sin embargo, el magistrado logró eludir la sanción: presentó su renuncia indeclinable justo antes de que se formalizara la apertura del proceso, lo que le habría costado una suspensión inmediata. Al aceptarse su renuncia, el jury se declaró abstracto y pudo retirarse con el legajo limpio, lo que años después le permitió reinsertarse en la magistratura tucumana.

La Corte advierte que el "capricho" del camarista no es inofensivo. Si su postura se generalizara, la Justicia enfrentaría demoras sistemáticas, barreras económicas para los ciudadanos de menores recursos que no poseen firma digital y una erosión de la seguridad jurídica al crear fragmentaciones dentro del mismo tribunal.

En medio de este nuevo roce con el máximo tribunal, cobra relevancia el entorno familiar del magistrado. Su hija, Celina Moisá, es una figura activa en la política local como integrante de la "mesa chica" de Lisandro Catalán, director de YPF y presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, que en la actualidad se encuentra de campaña electoral para competir por la provincia en 2027.

La Acordada 288/2026 deja un mensaje claro: la digitalización es una herramienta para una justicia moderna y equitativa. Para la Corte, la persistencia de Moisá en ignorar la realidad jurídica y técnica constituye una conducta renuente que atenta contra los principios de igualdad y acceso a la justicia de todos los tucumanos.