"Hay que sacar la basura": denuncia y escándalo entre los empresarios del transporte de Tucumán

El empresario del transporte, Sergio Gómez Sansone, charló con Ana Pedraza y Gabriel Sanzano en La Tucumana de Mañana, programa emitido por FM latucumana 95.9, sobre la grave denuncia presentada contra la conducción de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Sansone explicó que tras 17 años en la actividad decidió llevar a la justicia lo que considera "un mecanismo arcaico de presión y opresión" ejercido por Daniel Orell y Jorge Berretta. "Hay que limpiar, sacar la basura", sentenció el empresario respecto a su accionar judicial contra la cúpula de la entidad.

La denuncia por presunta asociación ilícita y malversación de fondos motivó recientemente un allanamiento en la sede de AETAT y el secuestro de los dispositivos móviles de su presidente y vicepresidente. Sansone señaló directamente a Jorge Berretta, a quien acusó de una "sistemática acción de voltear empresario para quedarse con las empresas" en supuesta complicidad con el gremio UTA. Según relató en FM latucumana 95.9, el procedimiento consistiría en generar paros o bloqueos de líneas para forzar a la autoridad de transporte a entregar las concesiones a otros empresarios vinculados a la cúpula directiva.

Respecto al manejo de los recursos estatales, el dueño de la Línea 8 denunció una absoluta falta de transparencia en la distribución de los millonarios subsidios que recibe el sector. Explicó que, aunque el reparto debería basarse en la nómina de empleados declarada en el formulario 931, los directivos manejarían los fondos de manera discrecional. "He encontrado este cheques en las cuevas que eran de mis propias empresas", reveló Sansone, asegurando que existen sumas de dinero que nunca llegaron a su destino original y terminaron en el mercado informal. Para el entrevistado, un "grupito de vivos" se beneficia a costa del empobrecimiento de otros transportistas.

Finalmente, el empresario relató que ha sido víctima de una persecución sistemática mediante constantes inspecciones administrativas. Precisó que en los últimos dos años enfrentó 140 actas de la Secretaría de Trabajo, lo que representa una intervención prácticamente cada cinco días, con el fin de asfixiar financieramente a su empresa para que termine en manos de terceros. "He sido perseguido y sigo siéndolo", afirmó en FM latucumana 95.9, resaltando que el objetivo final de su denuncia es que se le rinda cuentas y le permitan trabajar en paz.