Escándalo en el Subsidio de Salud: tres empleados imputados por millonaria estafa con certificados falsos de discapacidad
Los acusados vendían documentos apócrifos para garantizar coberturas médicas totales, generando un perjuicio económico superior a los 27 millones de pesos. La justicia declaró la investigación como "asunto complejo".
Imagen de archivo.-
El pasado viernes 1 de mayo, se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares contra tres trabajadores del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), ubicado en calle Las Piedras 530 de San Miguel de Tucumán. El Ministerio Fiscal acusó formalmente a los empleados por su presunta participación en una maniobra fraudulenta destinada a defraudar a la administración pública mediante la comercialización de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) apócrifos.
La investigación es dirigida por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la titularidad de Mariana Rivadeneira, quien fue representada en la audiencia por el auxiliar de fiscal Leandro Abdala. A los tres implicados se les atribuyen los delitos de defraudación a la administración pública, en concurso real con defraudación en grado de tentativa y falsificación de instrumento público, todos en calidad de presuntos coautores. Durante el proceso, se destacó que uno de los sospechosos fue aprehendido en la terminal de ómnibus mientras intentaba escapar hacia la provincia de Córdoba, tras haber evadido un allanamiento previo ese mismo día.
Según la acusación fiscal, la maniobra comenzó en enero de 2026. Los imputados habrían actuado de común acuerdo para ofrecer a los afiliados la obtención de CUD falsos a cambio de sumas de dinero. Con estos documentos, prometían a las víctimas el acceso a una cobertura total (100%) en prácticas médicas, cirugías y prótesis. En cuatro casos detectados, se determinó que los beneficiarios pagaron un total de $1.950.000 por los certificados.
Una vez entregada la documentación apócrifa, los propios acusados utilizaban sus funciones dentro del organismo para incorporar estos papeles en expedientes administrativos reales. De esta manera, facilitaban el avance de los trámites, logrando que superaran la instancia de auditoría médica para autorizar prestaciones e intervenciones quirúrgicas.
El fraude fue descubierto por el propio IPSS al detectar irregularidades en diversos expedientes. Si bien en algunos casos las autoridades lograron frenar el circuito administrativo a tiempo, en otros las prestaciones ya habían sido autorizadas, lo que resultó en un perjuicio económico estimado en $27.904.918. La fiscalía sostiene que los empleados indujeron a error a las autoridades del instituto mediante el uso de documentación pública falsificada.
Ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa, el Ministerio Fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva para los acusados. Además, se solicitó que la causa sea declarada asunto complejo, pedido que fue concedido por la jueza interviniente por el plazo de un año.
Finalmente, la magistrada resolvió dictar arresto domiciliario por dos meses con monitoreo de dispositivo electrónico para uno de los implicados. Para los otros dos empleados, se dispusieron reglas de conducta (medidas de menor intensidad) y el pago de una caución de $3 millones cada uno.
