La Junta Electoral del saabismo suspendió la Asamblea Universitaria para evitar su derrota

La Junta Electoral de Universidad Nacional de Tucumán (UNT), a través de la Resolución 5766/2026,decidió "aplazar" la convocatoria a la Honorable Asamblea Universitaria que debía sesionar este miércoles 20 de mayo para elegir Rector y Vicerrector. La medida, que el oficialismo presenta como un "acatamiento" administrativo a la Justicia, es leída como la última trinchera del saabismo, que prefiere paralizar la institución antes que aceptar las reglas del juego que ellos mismos diseñaron.

La génesis de esta crisis se encuentra en la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en los autos “Cabrera, Miguel Ángel y otro c/ UNT”. El tribunal ordenó que la Universidad se abstenga de oficializar fórmulas con candidatos que ya hubieran cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. Esta decisión alcanzó de lleno al actual rector, Ing. Sergio Pagani, quien buscaba un tercer período consecutivo (habiendo sido vicerrector entre 2018-2022 y rector desde entonces), situación expresamente vedada por el Estatuto.

Sin embargo, existe una distinción jurídica fundamental que el oficialismo intenta desdibujar: la Justicia no ordenó frenar la elección, sino suspender una inscripción ilegal. La Junta Electoral, presidida por Fernando Valdez, argumentó que la cautelar impide la celebración de la Asamblea porque una de las listas —la oficialista— está suspendida.

La primera de las normas, la Resolución 5763, se limitó a "tomar razón" del fallo judicial que ordena a la UNT abstenerse de oficializar fórmulas con candidatos que ya hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el Rectorado. En sus considerandos, la Junta admite que, si bien ya había oficializado dos fórmulas el 14 de mayo, la orden judicial la obliga a suspender la "ejecutoriedad" de dichas decisiones.

Este documento dispuso la suspensión provisoria de todos los trámites vinculados a las candidaturas para Rector y Vicerrector del período 2026-2030, afectando la candidatura de Cabrera y Abdala que era la única fórmula inscripta y validada Según la Junta, esta medida busca garantizar la "seguridad jurídica" y la "regularidad institucional" ante la manda de la Cámara Federal. Sin embargo, desde el sector que encabeza Miguel Ángel Cabrera, se advierte que lo que la justicia frenó fue una inscripción ilegal y no la elección en sí misma.

Poco después, la Junta emitió la Resolución 5766, cuyo efecto político es mucho más profundo: el aplazamiento de la Honorable Asamblea Universitaria programada para el 20 de mayo. El argumento central de la Junta es que la cautelar impide la celebración del encuentro, ya que "una de las listas oficializadas está suspendida" hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La resolución de la Junta no solo posterga la votación, sino que remite el asunto al Honorable Consejo Superior para que "adecue" el cronograma electoral. Esta maniobra es señalada como un acto de "desvío de poder", ya que la Junta se arroga atribuciones para alterar plazos que ya están precluidos. El escrito de ampliación presentado a primera hora de este lunes por Cabrera y Abdala advirtió sobre las "responsabilidades penales en juego" para los miembros de la Junta, mencionando delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial, que podrían acarrear penas de prisión efectiva.