Escándalo en la UNT: denuncian al saabista Valdez por suspender de facto la Asamblea Universitaria

Un nuevo escándalo sacude a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La Junta Electoral que controla el secretario general José Hugo alias El Gordo Saab suspendió de facto la Asamblea Universitaria y dejó sin efecto las candidaturas a Rector de Sergio Pagani (cuya re-reelección fue impugnada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) pero también la de Miguel Ángel Cabrera, exponiendo a la Casa de Altos Estudios a una posible acefalía e intervención federal. La fórmula opositora denunció al ultrasaabista Fernando Valdez y los miembros de la Junta Electoral por incumplir la cautelar federal y aplazar de facto la Asamblea –máximo órgano de cogobierno universitario- para evitar la derrota del oficialsimo, cometiendo presunta desobediencia a la autoridad judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Fernando Valdez es uno de los múltiples agentes del saabismo y pupilo directo de José Hugo Saab, que controla desde hace más de 30 años la UNT. Es Profesor regular de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho, de la que intentó ser Vicedecano acompañando a Augusto González Navarro, arquitecto anti-jurídico del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier, y apoyando a la fórmula Sergio Pagani-Mercedes Leal que intentó blindar violando el propio estatuto universitario en su intento de reelección. También se desempeñó como director por la UNT en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), donde fue investigado por el robo de lingotes de oro y sobreprecios del 200% junto al exRector Juan Alberto Cerisola.

En febrero de 2026 prestaron juramento las autoridades de la Junta Electoral de la UNT que debían garantizar la continuidad del saabismo al frente del Rectorado: el abogado Fernando Valdez, la abogada Ángeles Igarzábal y el médico Luis López Fernández. Todos ellos fueron denunciados por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala. "Entendemos que su comportamiento a partir de dos resoluciones emitidas en el día de hoy encuadra en la conducta, típica, antijurídica y culpable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (art. 239 CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)", planteó la fórmula opositora al Rectorado en la denuncia penal radicada este lunes ante la Fiscalía de turno.

En la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, los vocales Fernando Luis Poviña, Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Patricia Moltini dispusieron una medida cautelar que ordena a la UNT abstenerse de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado con candidatos que hayan cumplido dos mandatos consecutivos: de esta manera, se impugnó la candidatura de Pagani, que ya fue Vicerrector y Rector y aspiraba a ser re-reelecto. La Junta Electoral presidida por Valdez decidió blindar la candidatura de la fórmula oficialista pero suspendió también a la fórmula opositora, que reclamaba ser proclamada en la Asamblea Universitaria prevista para el miércoles 20 de mayo de acuerdo al cronograma aprobado.

Mediante la Resolución 5763, dispuso la suspensión provisoria de todos los trámites vinculados a las candidaturas para Rector y Vicerrector del período 2026-2030, afectando la candidatura de Cabrera y Abdala que era la única fórmula inscripta y validada. Según la Junta, esta medida busca garantizar la "seguridad jurídica" y la "regularidad institucional" ante la manda de la Cámara Federal.

Poco después, la Junta emitió la Resolución 5766, cuyo efecto político es mucho más profundo: el aplazamiento de la Honorable Asamblea Universitaria programada para el 20 de mayo. El argumento central de la Junta es que la cautelar impide la celebración del encuentro, ya que "una de las listas oficializadas está suspendida" hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La resolución de la Junta posterga la votación y remite el asunto al Consejo Superior para que "adecue" el cronograma electoral. Esta maniobra es señalada como un acto de "desvío de poder", ya que la Junta se arroga atribuciones para alterar plazos que ya están precluidos.

Con ambas resoluciones confirmadas, Cabrera y Abdala se presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones para denunciar "incumplimiento de medida cautelar" y que exhorte a la Junta Electoral a que respete "su cumplimiento estricto y urgente sin tergiversación bajo apercibimiento de las sanciones correspondientes".

"La Junta extendió los efectos de la medida cautelar dictada por esta Exma. Cámara, a la totalidad del proceso electoral, alcanzando incluso a nuestra fórmula, que no se encontraba comprendida en ninguna prohibición judicial ni estatutaria. Con esto, están violando no solo el estatuto universitario, sino también la manda judicial", planteó la fórmula opositora ante la Cámara.

Para Cabrera-Abdala, la decisión de la Junta que preside Valdez de aplazar la Asamblea Universitaria y el incumplimiento de la cautelar de la Cámara constituye un hecho de alta "gravedad institucional", y enfatizaron: "Configuran un claro exceso y tergiversación, primero, en la competencia misma de la Junta Electoral, y segundo, sobre la medida cautelar dictada, que no ordena, ni implícita ni explícitamente, suspender la Asamblea Universitaria, retrotraer el proceso electoral a la etapa de inscripción de candidaturas, ni habilitar la presentación de nuevas listas".

"La Junta Electoral se excedió en su competencia al disponer el aplazo de la Asamblea Universitaria prevista por el cronograma electoral y realizó una aplicación torcida de la orden judicial de manera indebida, lo que generó un resultado que el Tribunal no dispuso y desnaturaliza la protección institucional que dicha medida persigue. Con esto, por supuesto, se violó la medida cautelar", denunciaron.

Luego, subrayaron: "Los miembros de la Junta Electoral movieron la totalidad del aparato institucional universitario para paralizar un proceso electoral basándose en vuestra medida cautelar. Sin embargo, la continuidad del proceso electoral no estaba en juego. Esa era la consecuencia necesaria del correcto cumplimiento de la cautelar, generando una grave crisis institucional que beneficia, en los hechos, a una sola persona: el Ing. Pagani".

(La Junta Electoral saabista: Valdez, López Fernández e Igarzábal. Foto: Medios UNT)

En ese sentido, alertaron sobre las probables consecuencias del aplazamiento de la Asamblea Universitaria, que podría dejar a la UNT en acefalía y sujeta a intervención federal: "Si la Asamblea no se celebra en el plazo previsto, esto es, el próximo miércoles 20 de mayo de 2026, por el Estatuto, la Universidad Nacional de Tucumán quedará en estado de acefalia, sin autoridades legítimamente electas y sin mecanismo estatutario previsto para suplirla, con las gravísimas consecuencias institucionales que ello implica para esa casa de altos estudios".

En La Gaceta, Pagani defendió su candidatura a la re-reelección y anticipó que convocará al Consejo Superior a una sesión extraordinaria para modificar el cronograma electoral, para ganar tiempo a la espera de apelar el fallo que impide su postulación ilegal o bien, la presentación de una nueva fórmula saabista. "Estoy seguro y convencido de que mi postulación no violaba ninguna norma estatutaria, ni ninguna ley, ni nada por el estilo", sentenció.

Luego, confirmó que "Vamos a hacer una reunión extraordinaria, probablemente mañana, en cumplimiento de la medida cautelar de la Cámara Federal y allí definir la fecha de la nueva Asamblea", y reivindicó su postulación: "Hay presentadas dos fórmulas y están oficializadas por la Junta Electoral. A esas dos fórmulas existentes, la Cámara Federal no las bajó; todavía están vigentes. Solamente hay una medida cautelar y esperamos la decisión de fondo".

Valdez y la Junta Electoral saabista también fueron denunciados por Cabrera-Abdala ante la Fiscalía de turno, al considerar que ellos son "funcionarios públicos en los términos del artículo 77 del Código Penal de la Nación" y que "su comportamiento a partir de dos resoluciones emitidas en el día de hoy encuadra en la conducta, típica, antijurídica y culpable de los delitos de desobediencia a la autoridad judicial (art. 239 CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)".

Para la fórmula opositora, mediante la Resolución 5763/2026 que suspendió los trámites de todas las candidaturas a Rector y Vicerrector "extendieron los efectos de la medida cautelar a la totalidad del proceso electoral, alcanzando incluso a nuestra fórmula, que no se encontraba comprendida en ninguna prohibición judicial ni estatutaria". En ese marco, insistieron: "Están violando no solo el estatuto universitario, sino también la Justicia".

Pero de mayor gravedad consideraron la Resolución 5766 "mediante la cual aplazaron la convocatoria a la Honorable Asamblea Universitaria prevista para el 20 de mayo de 2026 y remitieron al Honorable Consejo Superior solicitando la adecuación del cronograma electoral", y que sostienen "fue dictada sin que existiera norma estatutaria, reglamentaria ni orden judicial alguna que habilitara a la Junta Electoral a aplazar la Asamblea".

"Fundamentó su decisión con eufemismos y con la supuesta necesidad de adecuar la situación para cumplir la medida cautelar. Sin embargo, no hay situación que adecuar y, por tanto, se está incumpliendo la medida cautelar. La competencia para establecer el cronograma electoral corresponde exclusivamente al Honorable Consejo Superior, que ya lo aprobó y que en estos momentos no existe, pues no se ha constituido aún. La Junta Electoral simplemente debía enviar a la Asamblea Universitaria el 20 de mayo nuestra fórmula. Con este proceder consistente en torcer e incumplir la medida cautelar -entendemos- que la conducta de los denunciados ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del art. 238 del Código Penal, esto el hecho típico (Tatbestand) del delito de desobediencia a la autoridadjudicial", arremetieron.

En ese sentido, ampliaron: "El artículo 192 del Estatuto Universitario establece expresamente que el Rector y el Vicerrector deben ser electos en la segunda quincena de mayo de 2026. Al aplazar la Asamblea, los denunciados violaron directamente esa norma. Asimismo, el artículo 114 del Estatuto Universitario y el artículo 81 del Reglamento Electoral disponen que, si hay una sola fórmula habilitada, sus integrantes deben ser proclamados automáticamente. Al momento de dictarse la RES-JE-5766/2026, nuestra fórmula era la única oficializada que reunía los requisitos de elegibilidad. Los denunciados omitieron aplicar esas normas y en su lugar aplazaron la Asamblea y enviaron a un Consejo Superior inexistente a reformular el plazo de elecciones. Con esto, nos ha privado del cargo al que tenemos derecho conforme al proceso electoral válidamente desarrollado. Con este proceder -entendemos- que los denunciado su conducta ha caído presuntamente en la conducta antijurídica, típica y culpable del art. art. 248 del Código Penal, esto el hecho típico (Tatbestand) del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

Las resoluciones de la Junta Electoral saabista en la mira de la Justicia:

Las denuncias de Cabrera-Abdala ante la Fiscalía y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán: