No apaguemos el motor del progreso

Hay decisiones que marcan un punto de inflexión en la historia de una nación. El veto a la ley de financiamiento universitario es una de ellas. Y lo digo no solo como ciudadano preocupado, sino como alguien que dedicó dieciséis años a gestionar, desde el decanato de una facultad tecnológica, la compleja maquinaria de la educación superior pública. He visto de primera mano cómo se construye el futuro en las aulas y laboratorios, y por eso puedo afirmar con total certeza que estamos ante un error estratégico que el Congreso de la Nación tiene la responsabilidad histórica de corregir.

La amenaza del desfinanciamiento no distingue entre universidades. Afecta por igual al ingeniero que se forma en la Tecnológica y al médico que lo hace en la Nacional. Es una parálisis que amenaza con apagar las luces de todas las casas de altos estudios del país, frenando proyectos de investigación que son cruciales para nuestro entramado productivo y dejando en la incertidumbre el sustento de miles de familias de la comunidad universitaria.

Tras más de una década y media trabajando para vincular la academia con la industria, he sido testigo del poder transformador de nuestras universidades. No son un gasto, son el principal activo para el desarrollo. Cada peso invertido en ellas se multiplica. Se convierte en el software que optimiza un ingenio azucarero, en la obra civil que mejora nuestra infraestructura, en la biotecnología que potencia nuestros cultivos y en los profesionales que lideran las PyMEs del Norte Grande. Atacar su presupuesto es un acto de canibalismo económico contra nuestra propia capacidad de generar riqueza.

Más importante aún, el sistema universitario en su conjunto —sea en las ingenierías, las humanidades o las ciencias exactas— es el gran motor de la equidad social. Es la garantía de que el mérito y el esfuerzo, y no el apellido o el código postal, definan el destino de una persona. Esta promesa de movilidad social es el corazón de nuestro pacto como sociedad.

Quienes defienden este recorte argumentando una supuesta "ineficiencia" proponen una falsa dicotomía. La búsqueda de la eficiencia y la transparencia es una obligación permanente que quienes hemos tenido roles de gestión conocemos y promovemos. Pero esa mejora continua se hace con las instituciones en marcha, no bajo la amenaza del ahogo financiero.

Por todo esto, hago un llamado a los legisladores que representan a nuestra región. Su voto no define una postura en la política universitaria interna de ninguna institución; define una postura sobre el futuro de la Argentina. Deben elegir si ceden a una visión cortoplacista o si honran a las familias que ven en la educación pública la única esperanza real de progreso.

Mi trayectoria me ha enseñado que los edificios y los cargos son transitorios, pero el conocimiento y las oportunidades que siembra la universidad son permanentes. Defender hoy ese legado no es una opción. El Congreso tiene la palabra final. Esperamos que esté a la altura del desafío.