Trece nombramientos millonarios y demandas por seguros "fantasma" sacuden a la Caja Popular de Ahorros

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán atraviesa una crisis institucional profunda tras revelarse un esquema de contrataciones millonarias y maniobras judiciales que comprometen seriamente el patrimonio público. Bajo la flamante gestión de los interventores Guillermo Norry y Antonio Bustamante, el organismo profundizó una estructura de gastos discrecionales que colisiona de frente con la realidad financiera de la provincia, donde el gobernador Osvaldo Jaldo reconoció recientemente haber vaciado el fondo anticíclico para cumplir con la planilla salarial de 120.000 empleados públicos. En este contexto de austeridad declarada, la institución financiera destinó 1.165 millones de pesos anuales para la contratación de trece "Asesores de Gabinete" que ingresaron sin concurso previo, violando el Estatuto del Personal que exige idoneidad y antecedentes para tales cargos.

Esta nómina de asesores se caracteriza por un entramado de vínculos familiares y judiciales que sugieren un reparto de privilegios más que una necesidad técnica de la entidad. Entre los beneficiados figuran dos sobrinos del subinterventor Bustamante: uno de ellos, Lucas Manuel Bejar, es abogado en el estudio jurídico privado de su propio tío, mientras que el segundo, Esteban Ramiro Bustamante, carece de título universitario acreditado en los expedientes de designación. A ellos se suma Rosana Redondo Torino, esposa del juez Pedro Yane Mana, magistrado que en diciembre de 2024 dictó un escandaloso fallo de censura previa contra eltucumano.com y favoreció al diputado y magnate de medios Carlos Cisneros en su cruzada contra EDET. 

Las remuneraciones de estos asesores oscilan entre los 6,9 y los 8,4 millones de pesos mensuales, cifras que resultan obscenas si se comparan con el sueldo del propio gobernador Osvaldo Jaldo, quien percibe menos de 5 millones de pesos al mes, y hasta superan a ministros del Gobierno Nacional.

A pesar de que las denuncias internas de los propios empleados de la Caja detallaban el funcionamiento de este "sistema de dominación" basado en el temor y los privilegios para clanes familiares vinculados al gremio, la conducción de Norry y Bustamante mantuvo intactos los contratos de auditoría sin licitación y las licencias con goce de sueldo para los funcionarios investigados. 

Dentro de este entramado, la trama de los "seguros fantasmas" expone la complicidad de altos mandos de la institución con intereses externos. La maniobra fue posible gracias a que la dirigencia de La Bancaria controlaba simultáneamente el Club Atlético San Martín y la Caja Popular, permitiendo que el ex Coordinador General del Casino, Rubén Moisello, presidiera el club de fútbol mientras se tramitaban siniestros laborales irregulares ante la ART del organismo. Un caso testigo fue el del futbolista Santiago Basualdo, a quien se le pagaron más de 11 millones de pesos en mayo de 2025 sin que nadie verificara la existencia de un contrato de cobertura. Ocho meses después, el actual presidente del club, Oscar Mirkin, confirmó bajo juramento que los jugadores profesionales de la institución nunca estuvieron asegurados en la Caja Popular, ya que cuentan con una póliza propia a través de la AFA.

Oscar Simón Mirkin — Presidente Club Atlético San Martín AC — Declaración jurada ante la CPA — 26 de enero de 2026.-

Lejos de detener la sangría de fondos, la Gerencia Departamento Asegurador —conformada por Albornoz, Concilio, Gómez y Leiro— impulsó activamente el pago de otros 450 millones de pesos en el juicio iniciado por el jugador Adrián Arregui. En un informe interno del 13 de marzo de 2026, estos funcionarios admitieron conocer la declaración de Mirkin sobre la falta de póliza, pero aun así recomendaron conciliar el pago para evitar que los intereses elevaran la condena a 1.400 millones. La propuesta de la Gerencia llegó al extremo de sugerir que la Caja Popular preparara las previsiones para un "embargo voluntario" de sus propios activos, facilitando así que los fondos públicos fueran transferidos a un deportista que no tenía vínculo contractual alguno con la aseguradora.

Esta vulnerabilidad patrimonial fue facilitada por la actuación negligente del estudio Iezzi y Varone Asociados, la firma contratada por la gestión anterior de José César Díaz para defender a la Caja Popular en el proceso judicial radicado en Quilmes. El estudio jurídico permitió el avance del juicio al omitir responder la demanda en tiempo y forma, además de no plantear la incompetencia de jurisdicción, un error que sus propios abogados calificaron de "involuntario" pero que dejó a la institución en un estado de indefensión total. Esta omisión fue la pieza clave que permitió a la entonces Asesora Letrada, Patricia Neme —hoy imputada por trata de personas—, emitir dictámenes recomendando el pago millonario bajo el pretexto de que no había tiempo para un análisis profundo del expediente.

La respuesta institucional de la nueva intervención solo llegó después de que eltucumano.com alertara sobre la inminencia de los pagos.

La investigación de eltucumano.com publicada el sábado 4 de abril.-